Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Desde el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales Dejusticia se afirma que las políticas fiscales en América Latina y Colombia tienden a preferir el secreto y la reserva.
Por otra parte, estos países han implementado medidas regresivas y contrarias para proteger los derechos humanos.
Los próximos 2 y 3 de mayo se realizará el encuentro Repensando la tributación global: hacia un sistema incluyente, sostenible y equitativo, en el que se escucharán propuestas e inquietudes de diversos grupos interesados en la transformación de políticas fiscales globales, para responder a las obligaciones que tienen los países en cuantos a los Derechos Humanos se refiere.
Hasta el momento, representantes de la sociedad, la academia y empresarios ya han entregado propuestas que están siendo organizadas por el Ministerio de Hacienda para ser socializadas en este encuentro.
Todo el material que se acumule como insumo de este primer encuentro se le entregará a los representantes de los gobiernos que asistan a la Primera Cumbre de Latinoamérica y el Caribe para una tributación global incluyente, sostenible y equitativa, que se realizará el 27 y 28 de junio en Cartagena.
El Centro de Estudios Jurídicos y Sociales Dejusticia es partícipe de esta iniciativa con un par de propuestas. La entidad espera que el Ministerio de Hacienda tenga en cuenta sus contribuciones para participar activamente en el foro técnico de discusión sobre un sistema tributario global incluyente, sostenible y equitativo.
La primera propuesta es de Rodrigo Uprimny, exdirector de Dejusticia e investigador senior de la entidad, en la cual defiende los principios jurídicos sobre los que se soporta la transformación del sistema tributario en todo el mundo.
Él recuerda que hace décadas la mayoría de países firmaron la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas incluidas en los principales tratados internacionales y regionales al respecto, y compromisos que también han sido asumidos por las constituciones de esos países.
Uprimny recuerda que es deber de los estados cooperar entre ellos para hacer respetar los derechos humanos en todo el mundo, no solo en sus propias fronteras. En ese sentido, explicó que la política fiscal debe ceñirse a los principios generales del derecho internacional y los estándares de política pública de organismos internacionales. Sin embargo, desde su punto de vista, los estados han implementado medidas regresivas y contrarias a estos principios:
Se han implementado políticas que han reducido su capacidad para recaudar suficientes recursos para desarrollar programas sociales y redistribuir la riqueza para evitar desigualdades corrosivas.
Sin embargo, en la práctica, la política fiscal no es elaborada de acuerdo con las obligaciones de los estados respecto a los derechos humanos. Estos han implementado políticas que erosionan su capacidad para cumplir sus funciones.
Por lo anterior, recomienda usar como marco normativo los 15 principios de Derechos Humanos y política fiscal, y así avanzar en una agenda que permita a los países asumir esas obligaciones:
Direccionar la política fiscal hacia un fortalecimiento del sistema tributario para cumplir con estos objetivos aclarará la ruta que los países seguirán en este nuevo camino.
La segunda propuesta la expuso Vivian Newman, exdirectora de Dejusticia, y se relaciona con uno de los temas más importantes cuando a la hora de tomar mejores decisiones fiscales en la región se trata: la transparencia. La propuesta plantea:
A pesar de la importancia de contar con información pública de calidad, oportuna y comprensible para tomar decisiones más informadas, las políticas tributarias en América Latina y Colombia tienden a preferir el secreto y la reserva.
El texto presenta la grave consecuencia de este problema: sin que el público pueda acceder a esta información se dificulta el recaudo de recursos, lo que se traduce en menos financiación para los programas sociales al momento de disminuir las brechas de desigualdad:
Contar con datos tributarios accesibles y actualizados permitirá una mayor y mejor participación y colaboración ciudadana, más confianza en las instituciones y mejor cultura tributaria; además de reducir las posibilidades de corrupción. Todo esto, finalmente, permitirá el fin último de la tributación: materializar la equidad.
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