Lavado de activos: no solo los revisores fiscales tienen esta carga

Según John Edwards, CEO del Instituto de Contadores Financieros –IFA–:

Se lavaron la asombrosa cantidad de $ 8.6 mil millones a través de criptomonedas en 2021, lo que representa un aumento del 30 por ciento en la actividad de lavado de dinero durante 2020. Si bien es un método seguro para llevar a cabo cambios y transacciones de divisas, esta alarmante estadística exige una mayor diligencia debida; es por eso que los contadores y legisladores están instando a los creadores de estándares a llenar un vacío y escribir reglas concretas que digan a las empresas y a las personas de alto patrimonio neto cómo contabilizar bitcoin y otros activos de criptomonedas para prevenir el fraude.

El artículo advierte que las operaciones en comento pueden ser anónimas, y esta posibilidad es la que facilita el lavado de activos y dificulta las investigaciones posteriores.

La capacidad de penetración de quienes hacen actividades ilegales es muy grande. También es posible que usen muchas simulaciones al punto de que un receptor no pueda darse cuenta de lo que está sucediendo.

Ante semejante situación todos tenemos que colaborar. Por lo tanto, también los contables tienen que practicar procedimientos a su alcance para ayudar a la lucha contra el delito.

Lo anterior no significa que la carga se pueda depositar solamente en los hombros de los profesionales de la contabilidad, dejando libres de compromiso y consecuencias a los dueños, partícipes, controlantes, administradores y demás funcionarios de la respectiva entidad.

La injusticia que actualmente recae sobre los revisores fiscales colombianos es muy grande porque todos debieran ayudar en lo que está a su alcance.

Obviamente las protecciones contra las actividades delictivas tienen un costo que no puede ser recuperado. Esto hace que en las mentes financieras haya muchas restricciones a la hora de asignar recursos escasos, como son los de todas las entidades.

Las entidades debieran poder establecer sus propios esquemas y las autoridades del gobierno debieran evaluar cada caso dentro de sus circunstancias a fin de concluir si se consideran adecuados. Pero se han dedicado a proferir reglamentaciones detalladas que generan procesos burocráticos que los grandes pueden absorber, aunque no hagan una fiesta por ello. Son intentos de disponer sobre la gestión, campo que filosóficamente les está vedado. Así hemos caído en las formas y sacamos buena nota si podemos aprobar la lista de chequeo respectiva, pero en realidad no estamos atendiendo a la esencia de los problemas.

Estas cargas se juntan a muchas otras y a todos los impuestos, tasas y contribuciones, para conformar el total de recursos transferidos o consumidos en beneficio del Estado. Al hacer esta consolidación de los distintos conceptos nos damos cuenta de cómo nuestro Estado nos agrede.

Hernando Bermúdez Gómez
Tomado de Contrapartida – De Computationis Jure Opiniones.
Número 6477, marzo 7 de 2022.