Con la ley de pago en plazos justos, el flujo de caja de las micro, pequeñas y medianas empresas se verá favorecido.
Cualquier disposición que aumente, modifique o contraríe los plazos definidos en la ley se entenderá como inexistente.
A través de la Ley 2024 de 2020, ley de pago en plazos justos, se adoptaron un conjunto de medidas con el objetivo de proteger e impulsar a las pequeñas y medianas empresas. Se invitó a que el pago de las facturas se realizara en un término igual o inferior a 60 días durante 2021; y para 2022, en un término de 45 días.
De esta forma, el flujo de caja de las micro, pequeñas y medianas empresas se favorecerá y aumentará su competitividad.
Están excluidos del cumplimiento de la ley los comerciantes y personas que sin tener esta calidad ejerzan operaciones mercantiles, así como los contratistas principales, sus proveedores y subcontratistas.
Quienes incumplan los plazos establecidos en la ley tendrán que afrontar las acciones judiciales y/o sanciones administrativas a las que haya lugar según la normativa vigente.
A lo anterior se suma el pago de las indemnizaciones ocasionadas por los perjuicios causados en proporción a las sumas no pagadas dentro del plazo justo.
El valor de las sanciones es diferente a los intereses que se generen y a las cláusulas penales y multas pactadas por las partes.Cualquier disposición que aumente, modifique o contraríe los plazos definidos en la ley se entenderá como inexistente, condición que en todo caso no requiere declaración judicial.
La ley estableció una serie de reconocimientos para las empresas que en su práctica comercial atiendan los plazos establecidos por la norma.
Se creó un ranking de pago en plazos justos en el que se destaquen aquellas empresas que se encuentren en los primeros lugares.
Además, las empresas ganarán: