Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Gustavo Petro propone tomar los ahorros de las AFP para pagar las pensiones de todos a través del RPM y subsidiar un pago a los adultos mayores que se encuentren en condición de pobreza.
En las siguientes líneas presentamos la evaluación que realizó Anif al respecto.
Recientemente, en un debate con varios de los candidatos a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro tocó el tema de las pensiones. El resultado no fue el esperado para él al declarar que:
En lugar de tener fondos privados de pensiones con cotizaciones para ahorro individual administradas al 30 % que cobran en un banco, usted manda esa plata a un fondo público: Colpensiones. Con esa plata se pagan inmediatamente las actuales pensiones que hoy está pagando el Estado. Entonces libera al Estado de 18 billones de pesos anuales en el presupuesto y los gasta en los que no tienen pensión.
Anif, en su comentario económico Pensiones: debate de mentiras, analizó las palabras del candidato del Pacto Histórico. La propuesta de usar los ahorros de la gente como si fueran dineros públicos muestra poco o nulo entendimiento sobre cómo funcionan los regímenes pensionales en nuestro país, indica el Centro de Estudios Económicos.
Se entiende que el candidato propone tomar de algún modo los ahorros que están hoy en las AFP, los cuales pertenecen a casi 18 millones de colombianos y suman cerca de 358 billones de pesos para financiar gasto público corriente, para pagar las pensiones de todos a través del régimen de prima media que administra Colpensiones y subsidiar un pago a los adultos mayores en condición de pobreza.
Implementar la propuesta de utilizar los dineros de los afiliados al RAIS para otros fines o para el fortalecimiento del RPM ayudaría a recrudecer los problemas de cobertura y focalización de subsidios que tiene el sistema y no solucionaría en nada el problema de pobreza de la población mayor. «De hecho, hoy en día los subsidios pensionales a las poblaciones de mayores ingresos provienen del RPM y no del RAIS», advierte Anif.
Actualmente, el aporte de los afiliados al RPM no es suficiente para financiar las mesadas pensionales que reciben, razón por la cual terminan siendo subsidiadas y financiadas con recursos del Presupuesto General de la Nación –PGN–. Es decir, con recursos que pagamos todos los colombianos en impuestos que hoy se acercan a los 40 billones de pesos.
Según Anif, se debe entender que el RPM está diseñado para que las mesadas de las personas que cumplen con los requisitos para pensionarse actualmente se financien con los aportes de los cotizantes actuales. «En términos simples, los jóvenes financian las pensiones de los más viejos».
Sin embargo, eso supone un problema estructural adicional, ya que el sistema fue diseñado cuando la pirámide poblacional en Colombia permitía concebir un régimen de ese estilo, es decir, donde la base de aportantes (jóvenes) era mucho más amplia que el número de adultos mayores.
La pirámide ha cambiado con el paso de los años, haciendo que la base de cotizantes se vuelva insuficiente a futuro para cubrir las mesadas de todas las personas que se pensionarán. Si se analiza la pirámide teniendo en cuenta la población que únicamente cotiza, encontramos que desde sus inicios el RPM estaba destinado a fracasar, porque la base de aportantes no era tan amplia como se esperaba debido a la baja proporción de cotizantes.
Para Anif, este tipo de propuestas envía mensajes confusos y mentirosos que solo sirven para reducir la calidad del debate electoral y tratar de orientar los votantes hacia propuestas que se oyen muy bonitas, pero carecen de fundamento técnico y, en este caso, también jurídico. La entidad advierte que:
Si en el futuro estas propuestas avanzan para convertirse en políticas públicas, empeorarán la ya alta desigualdad de los ingresos en Colombia, harán aún más vulnerables las ya débiles finanzas públicas del país, encarecerán el costo de la deuda y no resolverán el problema estructural de la pobreza en la edad adulta.
Si este tipo de medidas se trata de implementar, para Anif, el efecto en el corto plazo será un cúmulo de demandas de los ahorradores que verán cómo sus aportes a un sistema que les prometió, en la ley, que estos recursos siempre serían de ellos, se les desvanecen por un capricho del Estado.
Lo único que realmente veremos es un incremento vertiginoso de los litigios, millones de ahorradores luchando por evitar que el Estado les incumpla su promesa y un incremento significativo de la incertidumbre jurídica para todos, con nefastas implicaciones económicas, comprobadas una y otra vez alrededor del mundo.
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