Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La Política Pública de Vendedores Informales permite a las autoridades tener un instrumento para manejar el espacio público con diálogo social.
Para garantizar los derechos a la dignidad humana, al mínimo vital, al trabajo y a la convivencia en el espacio público, el Gobierno Nacional firmó el Decreto 801 del 16 de mayo, por medio del cual se adopta la Política Pública de Vendedores Informales.
“Se entrega un instrumento legal dirigido a vendedores informales, organizaciones de vendedores informales y a las entidades territoriales, gobernadores y alcaldes. Cuenta con objetivos como: empezar a disminuir la informalidad laboral y la conflictividad por el uso del espacio público y ayudar a estas personas con programas sociales”, anotó el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera.
La disposición se convierte en una herramienta para el desarrollo de soluciones a la situación de precariedad de este sector y apunta a ampliar las capacidades y oportunidades de las personas hacia condiciones de igualdad y equidad, disminuyendo los niveles de pobreza y desigualdad.
Así mismo, a mejorar las condiciones para la inclusión de la población trabajadora informal en el aprovechamiento del espacio público, y reconociendo la necesidad de conciliar dos derechos fundamentales en constante conflicto, al trabajo y al mínimo vital y al gozo del espacio público.
Fuente: Ministerio del Trabajo.
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