Soborno, desvío de recursos públicos, uso de cargos públicos para beneficio privado; algunas de las prácticas de corrupción que vive nuestro país.
Por tercer año consecutivo Colombia mantuvo su puntaje de 39 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción.
El 31 de enero de 2023, Transparencia Internacional presentó los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2022. Colombia recibió una calificación de 39 puntos sobre 100 y se ubica en el puesto 91 entre los 180 países evaluados por el IPC.
El resultado, comparado con el balance anterior, no varió, mientras que en el ranking global cayó 4 puestos (en 2021 se ubicó en el puesto 87 entre 180 países).
Este descenso, como lo explica Transparencia por Colombia se debe en parte porque cinco países que compartían posición y puntaje con Colombia en 2021 mejoraron su desempeño. Desde 2012, la calificación de Colombia ha oscilado entre los 36 y 39 puntos, sin lograr cambios estadísticamente significativos.
Vale la pena explicar que la calificación entrega puntajes entre 0 y 100, donde 100 quiere decir que se tiene una percepción muy transparente y 0 indica que es percibido como muy corrupto. Una calificación por debajo de 50 indica que el país enfrenta serios problemas de corrupción.
¿Cómo va Colombia en la lucha contra la corrupción? 🧐
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— Transparencia Col (@transparenciaco) January 31, 2023
Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, describe que por tercer año consecutivo Colombia mantuvo su puntaje de 39 sobre 100. Desde el 2012, el país no ha logrado cambios significativos en esta calificación.
“Esta situación reitera que los distintos tipos de corrupción que se analizan a través de este informe no han sido contrarrestados de manera suficiente: soborno, desvío de recursos públicos, uso de cargos públicos para beneficio privado, nepotismo en el servicio civil y captura del estado, entre otros”, opina.
El análisis del IPC 2022 señala puntos clave para contribuir al cambio esperado. Primero, abordar la corrupción que favorece que aumenten los niveles de conflictividad en el país y que al tiempo disminuye la capacidad de respuesta del Estado.
Desde el punto de vista de Transparencia por Colombia, el sector defensa y seguridad fue el más afectado por la corrupción entre 2016 y 2020, con irregularidades en contratación pública, uso indebido de servicios de seguridad y vulneración de derechos humanos, entre otros hechos.
Un segundo punto es fortalecer los esfuerzos para identificar y evitar los riesgos de corrupción relacionados con la consolidación de la paz en el país, ya que la prevención de la corrupción es fundamental para alcanzar la “paz total”.
Tercero, contrarrestar los efectos de esta problemática en la calidad de vida, el respeto por los derechos humanos y la preservación del medio ambiente.
Los anteriores tres puntos deberán estar acompañados de una estrategia anticorrupción por parte del Gobierno nacional. «Transparencia por Colombia reitera la invitación al Gobierno Nacional y al Congreso para articular un fuerte componente de lucha anticorrupción en el Plan Nacional de Desarrollo, lo cual contribuiría decididamente a las tres prioridades en materia de justicia social, justicia ambiental y paz total”, dice Hernández.
La corrupción es la causa y consecuencia de muchos conflictos por lo que este fue el tema central de este informe. Para Transparencia Internacional, “la corrupción debilita la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos. El mal uso o robo de fondos públicos puede privar a las instituciones responsables de garantizar la seguridad de los recursos que necesitan».
El informe muestra la forma en que la debilidad de las instituciones policiales y de defensa crea dificultades para que los Estados aseguren el control de su territorio y prevengan amenazas violentas, incluido el terrorismo.
La organización ha identificado que desde el 2017, 130 países han visto protestas sociales significativas. En 55 de ellas, el 42 %, al menos una protesta fue impulsada por el descontento de la gente con los niveles de corrupción en el gobierno.
«El 80 % de las protestas relacionadas con la corrupción y el 82 % de las respuestas violentas documentadas contra los manifestantes ocurrieron en países con puntajes del IPC por debajo de 50 puntos», concluye el informe.