Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Ana Fernanda Maiguashca afirma que nuestro sistema tributario es complejo de entender, lo que lleva a que muchos eludan el pagar impuestos.
Desde el Consejo Privado de Competitividad se insiste en tener una declaración de renta universal.
Declarar no es sinónimo de pagar, sino de recopilar información.
Ana Fernanda Maiguashca, presidente del Consejo Privado de Competitividad, afirma que el sistema tributario colombiano, a través del Estatuto Tributario, es largo y complejo. “Los ciudadanos no lo entendemos, lo que dificulta cumplir con todas las obligaciones tributarias que se tengan con el Estado”, dice.
Para ella, debido a esta complejidad las personas pierden la responsabilidad de pagar los tributos al Estado. “Un sistema tributario debe ser equitativo, eficiente y progresivo. Se diseña para sostener al Estado y nos provee de bienes y servicios públicos, por eso es importante pagar impuestos”, recalca esta economista, quien se desempeñó como viceministra técnica del Ministerio de Hacienda.
Recalca que todos debemos preocuparnos por un sistema tributario que no es sostenible. Si no buscamos que el sistema tenga buenos incentivos tendremos problemas, por lo que es importante que existan incentivos para la formalidad empresarial y laboral.
Los datos elaborados por el Consejo Privado de Competitividad ponen la lupa en las empresas que tienen entre cero y nueve empleados que hay en Colombia, casi el 95 %, las cuales presentan problemas con las cargas tributarias elevadas.
Maiguashca explica que la participación del impuesto de renta de personas jurídicas en Colombia era 2,6 veces mayor a la promedio de la OCDE, por esta situación también se debe velar por la sostenibilidad de las cargas entre empresas y personas naturales:
Los ricos no son los que están pagando, sino las empresas que en su mayoría son pymes, y esto les hace daño. No hay incentivos para mejorar la competitividad de las mismas.
Indica que las personas jurídicas formales, por definición, soportan una gran carga tributaria que puede resultar ineficiente en términos de productividad y es insuficiente.
Al respecto, la carga tributaria de las empresas se podría mitigar con tasas impositivas corporativas más bajas y generosas.
Por otra parte, los impuestos de personas naturales solo alcanzan el 1,3 % en Colombia, mientras que el promedio de la OCDE es de 8 %.
El anterior escenario se debe a que existe una reducida base de tributación para estos contribuyentes. La falta de tributación de las personas naturales preocupa.
En cuanto a la reforma tributaria, Ley 2277 de 2022, tiene comentarios sobre la elevada carga para los dividendos y el impuesto al patrimonio que ahora es permanente.
En cuanto a los dividendos, dice que el riesgo de capital debe evaluarse de forma diferente a los ingresos altos sin riesgo: uno, cuando es recibido por la empresa como ingresos, y dos, cuando es recibido por sus socios como dividendos.
Por otra parte, en lo relacionado con el impuesto al patrimonio existen problemas conceptuales y pragmáticos que van más allá de la discusión de capacidad.
Destaca que la reforma tributaria logró eliminar exenciones inequitativas de las que gozan las personas naturales con más altos ingresos y algunas empresas, lo que es positivo.
Recuerda que en el año 2021 las exenciones tributarias llegaron a 92,2 billones de pesos, lo que equivale al 7,8 % del PIB.
Sin embargo, el actual sistema tributario no está logrando que realmente se trasladen las cargas tributarias a las personas que más ingresos tienen y no se ven alivios para las que tienen menos ingresos.
No se trata de discutir únicamente si los impuestos son altos o bajos, si son suficientes, sino también de observar qué tan útiles son para los problemas que enfrenta el país.
Desde el Consejo Privado de Competitividad se viene insistiendo en tener una declaración de renta universal. Cabe recordar que declarar no es sinónimo de pagar, sino de recoger información.
Colombia es un país con altos niveles de informalidad. El Estado no tiene suficiente información de sus ciudadanos, por lo tanto, no se sabe si se les está ayudando lo suficiente y se podrían estar generando desincentivos para ellos. Hay casos cuando el ciudadano, en lugar de pagar, lo que necesita es recibir.
Si no sabemos cómo se encuentra el flujo de información entre el ciudadano y el Estado, difícilmente podremos analizar si el sistema tributario es equitativo y eficiente.
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