El Gobierno comenzará a estudiar la propuesta de reducir del 12 % al 4 % los aportes de salud de los jubilados. Anteriormente se había tocado el tema, sin resultados positivos, pues no existía una propuesta de financiación para reemplazar ese 8 % mensual de aportes que se eliminarían.
El 22 de enero de 2019 la ministra del trabajo, Alicia Arango, junto a los viceministros de relaciones laborales e inspección, Carlos Alberto Baena, y de empleo y pensiones, Andrés Uribe, instalaron la mesa pensional para estudiar la propuesta de reducir los aportes de salud de los jubilados, del 12 % al 4 %.
La idea es que a partir de esta semana se comience a negociar el tema. Desde el punto de vista del Gobierno nacional sería mejor reducir este aporte gradualmente; también tener en cuenta los salarios más bajos y de ahí ir subiendo. Al respecto, Arango ha dicho que este es un tema que no se cumplió y que se había prometido en 2013.
Arango dejó claro, en rueda de prensa, que costaría 3,22 billones de pesos al año reducir los aportes de salud de los pensionados si el Gobierno decidiera bajar en este momento los aportes de salud de los pensionados de Colombia, del 12 % al 4 %. Tenemos una situación fiscal muy difícil, pero nosotros estamos convencidos que lo que se firma se cumple.
Desde el punto de vista de la Central Unitaria de Trabajadores, es importante que el incremento anual para los pensionados sea con base en el salario mínimo y no en la inflación. En nuestro país el 76 % de los jubilados ganan menos de dos salarios mínimos.
El presidente de la Confederación Democrática de Pensionados –CDP–, John Jairo Díaz, valoró la voluntad del Gobierno de empezar a analizar este acuerdo al que no se le ha dado cumplimiento y que se firmó desde el 2013.
Por otra parte, el presidente de la Confederación de Pensionados de Colombia –CPD–, Orlando Restrepo, dijo que “es un acuerdo que tiene historia desde el 2013 y retomar este tema nos complace y esperamos que se cumpla el reducir de 12 % al 4% los aportes en salud. Así mismo consideramos importante abordar otros temas que son de nuestro interés”.
En diciembre de 2017 el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que reducía hasta en un 4 % los aportes de los pensionados a la salud, pero la iniciativa fue objetada por el Gobierno. Lo anterior, debido a que no existía una propuesta de financiación para reemplazar ese 8 % mensual de aportes al sistema de salud que se eliminarían.
Las cotizaciones de trabajadores y empleados al sistema de salud cada año alcanzan los 15 billones de pesos, y en 2017 registraron un déficit cercano a los 5,5 billones de pesos. Si los pensionados redujeran su aporte en ocho puntos porcentuales, en el primer año el sistema de salud dejaría de recibir 3,1 billones de pesos, es decir, que en 2017 el déficit del sector habría sido de 8,6 billones.
En este orden de ideas, el faltante de recursos seguiría incrementado cada año, hasta que en el 2022 llegaría a los 4,4 billones de pesos, sin una fuente adicional de ingresos. En caso de que sucediera lo anterior, el aporte tendría que hacerlo el Gobierno, de la mano de los impuestos que pagan los contribuyentes.
En febrero de 2018 el procurador general de la nación, Fernando Carrillo, envió a la Corte Constitucional un concepto favorable sobre este proyecto de ley, en el que señaló que las objeciones del expresidente Juan Manuel Santos y el exministro de hacienda, Mauricio Cárdenas, eran infundadas.
En el mismo concepto el procurador también le recordó a la Corte Constitucional que en una alocución presidencial de Juan Manuel Santos en junio de 2014, de cara a la segunda vuelta de elecciones a presidencia, el mandatario prometió a los más de 1,6 millones de pensionados reducir el porcentaje del aporte.
Este proyecto buscaba beneficiar a los pensionados, teniendo en cuenta que cuando una persona se pensiona, su ingreso se reduce drásticamente.