Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Para Anif, al analizar la reforma pensional, los $223.000 para quienes pertenezcan al pilar solidario son algo positivo.
Un problema es el diseño y estructura del régimen de prima media.
Preocupa el flujo del ahorro de los primeros tres salarios mínimos de todos los trabajadores que irá a Colpensiones.
Mauricio Santa María, presidente de Anif, entregó sus impresiones sobre el proyecto de reforma pensional que el Gobierno nacional presentó este 22 de marzo de 2023. El directivo resalta cuatro puntos al respecto.
Desde su punto de vista, el ajuste que se le hizo al pilar solidario, con una cifra de $223.000, equivalente a la línea de pobreza extrema, es positivo, ya que lo considera sostenible y podrá brindar protección a los adultos mayores más vulnerables:
Así se puede aumentar la cobertura hacia aquellos que no han tenido la oportunidad de pensionarse.
Cabe recordar que el monto inicial que se manejaba era de $500.000 mensuales, cifra que resultaba muy alta y presionaba de manera importante las finanzas públicas.
Un segundo punto positivo es que el Gobierno nacional ha transmitido una señal de que parte de lo que se transfiera al régimen público se va a ahorrar.
Hay temas técnicos por precisar sobre este tema particular, pero es un paso hacia el camino correcto. Esperamos que en las reuniones de concertación y en los debates en el Congreso se dé más claridad en este tema.
Un tercer punto en el que pone la lupa Santa María es la propuesta que plantea que el flujo del ahorro de los primeros tres salarios mínimos de todos los trabajadores irá a Colpensiones.
Nos sigue preocupando mucho que, aunque se redujo de 4 a 3 salarios mínimos, este es un tope muy alto, ya que se llevaría más del 90 % del flujo del ahorro.
Para él, al diseñar una reforma pensional a base de pilares, como lo propone el gobierno, ese límite debe estar máximo en un salario mínimo, con el propósito de limitar el monto de los subsidios a los que hoy acceden las personas de ingresos altos en el régimen público y no afectar el ahorro privado, que es muy bajo en Colombia.
Si ese límite se fija mayor a un salario mínimo, estaríamos adquiriendo una deuda muy cara con las poblaciones que se van a pensionar en el futuro. De hecho, serían los jóvenes de hoy y las generaciones futuras los que tendrían que asumir un costo cercano al 30 % del PIB en valor presente.
Los recursos que se encuentran en las reservas de pensión de vejez y en el nuevo fondo de ahorro del pilar contributivo no pueden ser usados para ningún otro fin diferente al del financiamiento de las pensiones.
También se ha indicado que los recursos que no sean ejecutados en la respectiva vigencia deberán ser abonados a un fondo común de vejez que el Gobierno reglamentará posteriormente.
Consideramos que la conformación de dicho fondo es un poco compleja y que, a pesar de que la propuesta va en dirección correcta, se deben precisar temas sobre la temporalidad, los porcentajes de asignación y la destinación de los recursos del nuevo fondo.
A Anif también le preocupa que, aunque la reforma pensional intenta cumplir con algunos objetivos del sistema pensional, hace caso omiso e incluso agudiza otros problemas estructurales de los que adolece el sistema.
Uno de estos problemas es el diseño y la estructura propia del régimen de prima media, donde los aportes de los individuos en la etapa productiva financian las pensiones de aquellos en la edad de retiro; en la mayoría de los casos, el monto de la pensión es muy superior a los aportes realizados durante la etapa laboral, lo que implica que las pensiones estén altamente subsidiadas.
Peor aún, el subsidio es mayor en las pensiones más altas, es decir, es un subsidio regresivo. La actual propuesta no resuelve ese problema, sino que lo acentúa mediante el traslado de más del 90 % del ahorro pensional a ese régimen.
Es decir, continuamos con un subsidio alto para las pensiones cercanas a tres salarios mínimos.
Desde el centro de estudios económicos se espera que los puntos preocupantes y los que no tienen claridad sean ampliamente debatidos en el Congreso de la República, pues es fundamental que el sistema pensional incremente su cobertura, elimine las inequidades y asegure su sostenibilidad.
La posición de Anif se mantiene en que el tope para trasladar el ahorro al régimen público debe estar máximo en un salario mínimo, no más alto.
El argumento para esta posición es que: i) así se limitaría el monto de los subsidios que reciben personas de ingresos altos en el régimen público, y ii) se evitaría afectar el ahorro privado.
Si este límite se fija mayor a un salario mínimo, estaríamos adquiriendo una deuda muy cara con nuevas las generaciones y poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema.
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