Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Mariana Matamoros explica que el impuesto al patrimonio de la reforma tributaria es una mejora sustancial en términos de eficiencia.
Aumentó la carga tributaria para el sector financiero y el minero-energético, pero no se puso a declarar y pagar más impuestos a personas naturales.
Mariana Matamoros Cárdenas, investigadora principal de la Línea de Justicia Fiscal de Dejusticia, describe cómo la reforma tributaria procura cumplir con los principios tributarios de equidad, eficiencia y progresividad plasmados en la Constitución Política de Colombia.
Explica que la equidad es un principio que busca hacer equitativa la carga tributaria entre todos los obligados en relación con la capacidad contributiva. La eficiencia, por su parte, está dirigida a lograr el mayor recaudo de tributos con un menor costo de operación.
La progresividad, finalmente, es la definición de la carga tributaria, según la capacidad contributiva de la que disponen las personas.
Para esta economista y contadora pública, especialista en Econometría con estudios de maestría en Economía, si bien para las personas naturales hoy se aplican tarifas marginales de acuerdo a su riqueza, existen desigualdades, ya que se han creado beneficios y privilegios para disminuir las cargas impositivas.
Precisamente esto es lo que la reforma tributaria quiere corregir, en el sentido en que está eliminando beneficios y disminuyendo umbrales de los beneficios para las personas naturales. Por su parte, para las personas jurídicas intentó quitar ciertos privilegios que tienen las empresas para poder disminuir su carga tributaria.
Desde que se presentó el proyecto, la reforma tributaria fue ambiciosa al buscar un recaudo de 25 billones de pesos, sin embargo, se aprobaron 20 billones de pesos. Desafortunadamente, de esta cifra final el 55 % recae sobre el uso del subsuelo; el aporte de las empresas sigue siendo bastante alto.
Explica que se buscaba que más personas naturales declararan y tributaran y así disminuir el peso sobre las jurídicas, sin embargo, no fue así, y lo que se hizo fue aumentar la carga para el sector financiero y del minero-energético.
Con esta reforma tributaria quienes ganen más de 10 millones de pesos mensuales pagarán más, por cuenta de la disminución de los umbrales de deducciones y exenciones, lo que significa una verdadera progresividad.
Frente al impuesto al patrimonio, dice que este muestra un estatus económico de las personas. Menos del 1 % de los colombianos tienen patrimonios mayores a 3.000 millones de pesos y pagarán tarifas marginales del 0,5 %, 1 % y 1,5 %.
De manera temporal, del 2023 al 2026 los patrimonios mayores a 10.000 millones de pesos tendrán una tarifa del 1,5 %.
Lo anterior es una mejora sustancial en términos de eficiencia. El impuesto al patrimonio no es nuevo, pero siempre se hacía de forma temporal. Las tarifas son progresivas y realmente las pagarán personas que cuentan con un patrimonio importante y podrán aportar al Estado.
También hay que hacer un llamado, porque este impuesto puede incentivar a que gran parte del patrimonio se esconda; hay que poner atención a esto, por lo que es importante facilitar el intercambio de información tributaria.
El recaudo tributario de Colombia es insuficiente para garantizar los derechos que indica la Constitución. Cifras de la Ocde muestran que el país recauda el 18,7 % del PIB de los impuestos, mientras que en otros países de la organización el recaudo representa el 22 % del PIB. «Tenemos todavía una ventana para mejorar el recaudo tributario».
Piensa que Colombia necesita adoptar medidas que incrementen el recaudo, combatan el fraude fiscal y eliminen los beneficios tributarios.
Creo que esta reforma tributaria ha apuntado a esto y aunque con todas las negociaciones por las cuales pasó, disminuyó sus ambiciones, todavía dejó eliminaciones que se destacan.
El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha transmitido el mensaje de que se debe brindar una estructura fiscal que combata los flujos financieros ilícitos (Pandora y Panamá Papers), situación que ocurre porque hace falta un pacto fiscal en la región donde no se les hace seguimiento a los recursos de las personas, y así combatir la evasión tributaria.
Dicho lo anterior, celebra que la reforma tributaria incluya un artículo que transparenta la información. Se pide la publicación de una muestra representativa de las declaraciones tributarias:
Con esto realmente se puede describir lo que está pasando con la situación tributaria de los colombianos.
Sobre el tema de los impuestos a las bebidas azucaradas, aunque fueron controvertidos en medio de su discusión, destaca que el objetivo de estos no solo es recaudar dinero, sino contribuir a la reducción de enfermedades y generar un incentivo de política pública sobre la salud.
Hemos escuchado que este impuesto perjudicaría el bolsillo de las personas más vulnerables. A corto plazo, los análisis muestran que podría ser un impuesto regresivo, pero la idea es que estas personas migren a otro tipo de productos que sean más saludables, y así se ha visto demostrado en otros países.
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