Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Como estrategia para combatir el desempleo, el Estado garantizaría un salario y prestaciones sociales para los 2,3 millones de desempleados actuales.
El programa proporcionaría empleo con un salario básico para quienes no pueden encontrar trabajo.
El costo fiscal sería enorme.
Entre las propuestas del presidente electo, Gustavo Petro, una llama especialmente la atención. Se trata de una enfocada al mercado laboral y planteada para combatir el desempleo en Colombia. El programa de Gobierno del Pacto Histórico indica que el Estado actuará como empleador de última instancia ofreciendo empleo a quienes puedan y quieran trabajar, pero no encuentran empleo en el sector privado:
Se implementará un programa que proporcionará empleo con un salario básico para quienes no pueden encontrar trabajo de otra manera. No será un programa de emergencia, ni un sustituto del empleo privado, sino un complemento permanente del empleo del sector privado.
Según el análisis de la Silla Vacía, esta propuesta sería, de alguna forma, un sustituto de la renta básica, que el programa no menciona. En su lugar se habla del “derecho fundamental al ingreso mínimo vital”.
Este no se garantizaría a través de un subsidio, sino que el Estado sería un megaempleador que cubriría a las personas que no logren conseguir trabajo en el sector privado.
El Estado los contrataría para pequeñas obras de impacto veredal o barrial y programas de convivencia para reducir la violencia.
Paola Andrea Ríos, magíster en Economía de la Universidad Externado de Colombia y maestra de Ciencias en Economía con énfasis en Crecimiento y Sostenibilidad de la Universidad de Tilburg, explica en Conferencias Actualícese la propuesta del presidente electo, Gustavo Petro, acerca del Estado como empleador en última instancia.
El Estado garantizaría un salario y prestaciones sociales para los 2,3 millones de desempleados actuales y además para una parte de los casi 12 millones de trabajadores informales que aspiran a un empleo en el sector privado.
El problema de la propuesta, desde su punto de vista, es el costo fiscal del programa, el cual sería enorme. Al respecto, Ríos explica que, según el Tablero de control para el seguimiento de los aportes al sistema de la seguridad social, la actual planta del sector público llega a 1,6 millones de personas (sin incluir contratistas).
Incrementar a esta planta un mínimo de 2,3 millones de trabajadores implicaría algo así como duplicar los gastos de funcionamiento del Estado.
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Desde el punto de Iván Daniel Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario el empleo garantizado es una estrategia de disminución de índices de desempleo, sin conexión con estándares de trabajo decente (derechos en el trabajo, protección social y diálogo social).
Para él, se debe modificar esa orientación hacia incentivos a la formalidad a través de políticas de empleabilidad, que por ahora son muy débiles, dice en revista Semana.
Jaramillo espera que «el nuevo Gobierno conserve los programas de subsidio a la nómina, ojalá incluyendo a pequeñas y medianas empresas, con enfoque diferencial, para favorecer la recuperación de grupos especialmente afectados (mujeres, jóvenes y discapacitados)».
Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, explicó en el mismo medio de comunicación que jurídicamente el empleo mínimo garantizado es una propuesta que se dejó tan amplia que todo puede caber en ella, hasta el trabajo por horas.
Ríos indica que sistemas tan generosos como el que Petro propone se han aplicado en otros países, pero son de carácter temporal y se utilizan solo en momentos de crisis, como la que causó la pandemia.
«Aunque la protección al desempleado en Colombia esté lejos de ser eficiente, pensar que van a conseguirse los recursos para este tipo de programas es bastante debatible. Y debatibles también serían sus efectos para la economía colombiana», puntualiza ella.
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