El Ministerio del Trabajo tiene en la mira a las empresas de servicios temporales y buscaría acabarlas con la reforma laboral.
Para Acoset, son perversas las figuras de intermediación o tercerización ilegal como cooperativas de trabajo asociado, contrato sindical y las órdenes de prestación de servicios.
Miguel Pérez, presidente de la Asociación Colombiana de Servicios Temporales –Acoset–, advirtió que acabar con la tercerización laboral a través de las empresas de servicios temporales –EST– sería un golpe al empleo formal en Colombia.
Desde su punto de vista, en un país donde la informalidad supera la formalidad laboral resulta sorprendente que busquen atacar el empleo formal que generan las empresas de servicios temporales.
Esta situación va en contravía del crecimiento económico y la generación de trabajo. En un país con una situación económica tan compleja se estaría poniendo en riesgo el sustento de miles de familias.
Las declaraciones de Pérez se dan como respuesta a las declaraciones dadas por la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, de acabar con la tercerización laboral cuando el próximo año se discuta la reforma laboral.
Según los anuncios hechos por Ramírez, se estaría buscando organizar el mercado laboral promocionando el trabajo decente, por lo que la ministra expresó su interés de acabar con la tercerización laboral, la cual viene siendo adelantada por empresas que ofrecen servicios temporales.
“No estamos dispuestos a permitir que la tercerización laboral sea usada e implementada para cercenar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras” ministra del Trabajo, @GloriaRamirezRi. pic.twitter.com/RktG5mRb77
— MinTrabajo (@MintrabajoCol) September 9, 2022
Pérez ve con gran preocupación el desconocimiento que tiene la ministra del Trabajo sobre lo que es la tercerización laboral, situación que pone en riesgo 600.000 empleos formales y el sustento de alrededor de 2 millones de familias.
A lo que ha llamado perverso la ministra en algunas declaraciones, le respondemos que son perversas las figuras de intermediación o tercerización ilegal como las cooperativas de trabajo asociado, el contrato sindical y las órdenes de prestación de servicios.
Tiene claro que lo que hay que acabar es con la ilegalidad a través de figuras que desconocen los derechos del trabajador y a las que por ley no les aplica el régimen laboral, y por lo mismo su objeto social no es el de tercerizar trabajadores; este es un objeto exclusivo por ley para las empresas de servicios temporales.
Pérez explica que la tercerización laboral está reconocida desde el siglo pasado por la ley y la OIT, y aclarada por el Consejo de Estado en la Sentencia 2218 de 2016 para garantizar la formalidad del trabajador en misión.
Además, dicho trabajador es el único que tiene el respaldo de una póliza que le garantiza el pago de sus salarios y seguridad social. También, es un trabajador directo de la empresa de servicios temporales y con estabilidad permanentemente rotativa.
Este sector genera alrededor 1.200.000 contratos laborales al año en el país. De manera adicional, contribuye con aportes a la seguridad social y parafiscales con 1,3 billones de pesos y 5,1 billones en salarios, lo que indica un importante aporte a la generación de empleo formal en el país.
Por su parte, los trabajadores en misión tienen vínculo laboral formal con un empleador concreto con empresas de servicios temporales –EST–, figura legalmente regulada y autorizada y que responde directamente por los salarios, prestaciones sociales y seguridad social de este trabajador.
Según las estadísticas de Acoset, este es uno de los sectores que más ha recuperado el empleo que se perdió durante la pandemia.
Los vinculados trabajan formalizados y adelantan labores por tiempos definidos, lo que constituye un apoyo para las familias de los que tienen la oportunidad laboral.
Entre los sectores que más vinculan empleados temporales están los de industria, comercio, transporte y construcción.
En el primer semestre de este año, el 64 % de los trabajadores tenían un ingreso promedio de un salario mínimo, mientras que el 32 % ganó entre dos y cuatro salarios mínimos.