Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Para Gustavo Cote, lograr esta cifra de recaudo tributario es posible si la Dian lucha eficientemente contra la corrupción, el contrabando y la evasión.
En medio de un ambiente de necesidad de contar con dinero para financiar programas de inversión social, no se puede mantener el día sin IVA.
Gustavo Humberto Cote Peña, exdirector de la Dian, afirma en entrevista con Actualícese que las pretensiones recaudatorias del nuevo Gobierno demandarán de la Dian mayores resultados en sus actuaciones de control al contrabando y a la evasión.
El impuesto de renta en Colombia peca por la ausencia de progresividad, producto de la cantidad de beneficios existentes a favor de determinados contribuyentes y sectores, con lo cual se quiebra el principio de justicia ordenado por la Constitución para el sistema tributario nacional. Este parámetro demanda: a más ingresos, mayor debe ser el monto del tributo.
A lo anterior se suma la evasión con un costo fiscal entre 5 y 8 puntos del PIB. Precisamente, quienes poseen mayor ingreso y riqueza cuentan con la capacidad para financiar y estructurar esquemas para burlar su carga impositiva, como la creación de fideicomisos en el exterior y sociedades de papel of shore para utilizarlos en perjuicio del fisco.
La ubicación de los destinatarios de los mayores impuestos propuestos por el presidente electo Gustavo Petro pueden ubicarse de diferentes maneras: a través de cruces de información con las entidades financieras, en las bases de datos de la misma Dian, en las de la UGPP, etc.
El hecho de autoclasificarse como parte de la “clase media” resulta insuficiente para considerar si realmente se pertenece a ella o si se es ajeno a los efectos de la reforma.
Los análisis del Ministerio de Hacienda y la Dian por incluir en la exposición de motivos para fundamentar el proyecto de ley deberán sustentar en debida forma cuál será el universo específico de personas naturales objeto de las nuevas normas.
Tan solo cuando se haga la publicación del texto concreto podrán sacarse conclusiones personales.
Así es. Durante la campaña de Petro y después de su elección, el nuevo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha sido claro en esta medida. Realmente no es justo mantener las exenciones tributarias frente a otros sectores económicos diferentes a los amparados por tales beneficios.
Algunos ejemplos de la inequidad mencionada son: el caso del sector hotelero, amparado durante muchos años con desgravámenes, y durante el actual Gobierno patrocinado con una tarifa preferencial en renta del 9 %.
Igualmente, la reducción de tarifas para las zonas francas permanentes especiales, figura en la cual una sola gran empresa tiene el privilegio de ser clasificada como usuario bajo dicha denominación, automáticamente queda con una tarifa del 20 %.
El mantener esta clase de situaciones discriminatorias y otras similares es un atentado contra la neutralidad del sistema y castiga injustamente a los actores empresariales que hacen un gran esfuerzo para cumplir con la sociedad pagando sus impuestos sometidos al tratamiento general.
La trayectoria del nuevo ministro de Hacienda y su amplia experiencia en administrar los asuntos públicos hacendísticos constituye una garantía para evitar los excesos en el contenido del articulado a ser presentado a consideración del Congreso de la República.
Tanto Petro como Ocampo han sido claros en señalar aspectos en su propuesta tributaria con diferencias de fondo con las de Duque-Carrasquilla, como son la intención de eliminar algunos beneficios, mantener los alimentos y la canasta familiar al margen del IVA, así como el umbral actual de los declarantes de renta para personas naturales y, entre otros cambios, acrecentar la tributación vía impuesto de renta y de patrimonio de quienes perciben altos ingresos, incluyendo además un mayor gravamen para los territorios fértiles improductivos.Los 75 billones ya fueron desplazados por los 55 billones como objetivo de las modificaciones. Si bien es ambicioso, es posible lograrlo si para ello se suma una lucha frontal, decidida y eficiente contra la corrupción, el contrabando y la evasión.
Dentro de las nuevas disposiciones debería introducirse el establecimiento de una “renta gravable presuntiva” por la posesión de sociedades no operativas, fideicomisos y bienes en sitios o lugares con tarifa del impuesto de renta cero o sustancialmente menor a la aplicable en Colombia, así se trate de lugares ubicados en los EE. UU.
El uso de tales sitios para ubicar activos en el exterior (recordemos las investigaciones periodísticas de “Panamá papers” y “Pandora papers) lleva a más dudas que certezas sobre la legalidad de las actividades de sus propietarios frente al tesoro público, las cuales no se eliminan con la fórmula del presidente Duque de su simple inclusión en las declaraciones de activos del exterior.
No hay que olvidar los escándalos anteriores de los últimos 4 años en entidades gubernamentales nacionales y territoriales, en el terreno de la corrupción, como lo recién conocido sobre el desvío de las regalías y de recursos destinados para la paz.
El asumir con decisión los flagelos mencionados exige un actuar con “autoridad moral” por parte de quienes se desempeñen en los cargos públicos, para recuperar la credibilidad social perdida en el último cuatrienio, sobre la cual arrojó cifras muy preocupantes el estudio “Pulso País” publicado el pasado 5 de julio por Datexco para la W Radio.
Sobre el concepto de “pensiones altas” ha existido una especie de aceptación nacional tácita, producto de los intentos por gravarlas en anteriores ocasiones, para ubicarlas en un nivel mayor a $10.000.000.
En lo referente a este tema pensional, debe recordarse el gravamen a las pensiones de monto muy inferior establecido por el actual Gobierno por la vía del régimen simple. El sistema resulta ser una opción válida para estos pensionados para someter a la tributación los ingresos adicionales obtenidos por determinadas actividades productivas a realizar, de manera obligatoria, si quieren compensar en alguna forma el monto exiguo de sus mesadas.
Como el esquema implica pagar impuestos a tarifas menores sobre los ingresos brutos obtenidos, a diferencia del régimen ordinario en el cual se depuran con costos y gastos, el pensionado ubicado en este régimen debe asumir el pago del impuesto de renta sobre sus insuficientes mesadas mensuales. Esta última inequidad debería ser corregida en esta reforma.
Debe eliminarse del todo porque es una concesión carente de toda justificación. En un ambiente de necesidad de 50 billones de pesos para financiar los programas de inversión social, no se compadece mantener el sacrificio de la rebaja del 19 % del IVA por ventas superiores a los 11 billones de pesos en cada una de las jornadas amparadas por la figura para favorecer principalmente a los almacenes de amplias superficies y la adquisición de productos importados.
La facilitación de gestiones de los contribuyentes a través de la página web de la Dian muestra algunos avances en el proceso de modernización. El estado de las cosas en el informe de la comisión de empalme, por entregarse al país, permitirá sacar conclusiones reales sobre este punto.
Las pretensiones recaudatorias del nuevo Gobierno demandarán de la entidad mayores resultados en sus actuaciones de control al contrabando y a la evasión. Para ello deberá dejarse de lado la persecución a los empresarios, que cumplen con sus obligaciones de declarar y pagar, por irregularidades meramente formales que en nada afectan la recaudación ni el control, para dedicarse realmente a perseguir a los evasores y contrabandistas.
Es inaudito, por ejemplo, que por haber declarado bimestralmente el IVA anticipando su pago, cuando debía hacerlo cuatrimestralmente, la Dian obligue al empresario a presentar nuevamente las declaraciones pagando sanciones.
O que por el hecho de subsanar de manera rápida algún error cometido en la información exógena, con posterioridad a su presentación oportuna, se le obligue a pagar sanciones absolutamente desproporcionadas.
Toda esta clase de situaciones deberán ser valoradas al momento de tramitar el proyecto de ley tributario para demandar un manejo gerencial de la entidad rectora de los impuestos nacionales con actuaciones justas y con mejores resultados.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
