Según el ROSC de 2021, “se ha avanzado poco en la garantía del cumplimiento del Código Internacional de Ética para Contadores Profesionales”. La situación es más grave. La Junta Central de Contadores no está aplicando el Decreto 2420 de 2015 en la parte que contiene, a título de reglamento de la Ley 43 de 1990, el Código internacional de ética para profesionales de la contabilidad.
Por su parte, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública no ha querido actualizar la versión de dicho código correspondiente al año 2014 con la expedida en el 2018. Por lo tanto, si se trata de nuevas normas no se ha avanzado nada porque precisamente los órganos de la profesión lo están impidiendo .
Los lectores de Contrapartida saben que no compartimos los argumentos que han expuesto para justificar su posición. Creemos que se trata de posturas de orden ideológico claramente orientadas a hacer menos exigente el ejercicio profesional. Curiosamente, como otra muestra de la incoherencia estatal, los representantes del Gobierno han contribuido con sus votos a consolidar dichas posiciones.
Señala el mismo ROSC: “Sigue habiendo una brecha significativa de habilidades (…)”. En la pasada versión del Foro de Firmas se presentó el resultado de una revisión de los programas de contaduría disponibles en la web, correspondientes a los programas que por entonces habían sido acreditados al menos una vez. En ellos no se encontraron espacios destinados a las habilidades ni a las actitudes planteadas por el IAESB.
De acuerdo con este:
(…) IFAC member bodies shall prescribe the learning outcomes for professional skills to be achieved by aspiring professional accountants by the end of IPD (…). IFAC member bodies shall regularly review and update professional accounting education programs that are designed to achieve the learning outcomes in this IES (…). IFAC member bodies shall establish appropriate assessment activities to assess the professional skills of aspiring professional accountants (…).
Algunos sostienen que en las asignaturas dedicadas a los conocimientos se atienden tales habilidades y actitudes. Pero un análisis de los egresados desmiente esta posición. El mismo documento del Banco Mundial señala:
La importante cuestión pendiente del estatus de la revisoría fiscal permanece, aunque se entiende que un grupo de trabajo coordinado por el CTCP está estudiando este asunto (…).
Nosotros vemos con preocupación que los comités organizados para proponer reformas al respecto solo consultan los pareceres de algunos profesionales. Algunos funcionarios del Gobierno (no es claro si cuentan o no con el respaldo de las instituciones a las cuales pertenecen) están propendiendo a mantener una revisoría fiscal al servicio del Estado. No se han consultado (por lo que no se tienen en cuenta) las opiniones de los empresarios. Tampoco hay una consulta formal a los 255 programas que al 3 de junio registra el SNIES. Si el Estado se une con los profesionales que están trabajando en los comités podría, con esfuerzo, haber un acuerdo sobre un eventual proyecto de ley, pero este no solucionaría las preocupaciones expresadas por el banco mencionado.
Hernando Bermúdez Gómez
Editor de Contrapartida – De Computationis Jure Opiniones.
Número 6647, junio 6 de 2022.