Legalidad, legitimidad y justicia son esenciales

En las monarquías el rey decidía qué hacer, cómo y cuándo, sin que nadie pudiera intervenir en sus decisiones.

Implantada la democracia representativa se entendió que los debates en el Congreso eran la forma de encontrar la voz del pueblo, a través de las expresiones de sus elegidos. Pero, más recientemente, estamos exigiendo una democracia participativa. Así está señalado en el prefacio de nuestra carta suprema y en su articulado, especialmente cuando indica que es un fin esencial del Estado “(…) facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan (…)”. Quiere decir que los congresistas deben asegurarse de que la voz del pueblo haya sido escuchada, de manera que una ley sea tenida como legítima.

Hoy vemos consultas que se hacen a personas concretas para que participen por escrito, invitaciones a participar en audiencias, organización de foros o mesas redondas, aprovechamiento de las modernas redes sociales. El proceso legislativo es público, de manera que si se publican los textos oportunamente la opinión pública pueda asumir posiciones. Hay leyes de escasa legitimidad, pues se tramitan entre el Gobierno y los congresistas en forma muy rápida, haciendo publicaciones apresuradas y votando en bloque, en forma tal que el público solo viene a darse cuenta de lo aprobado cuando se lo informan los medios de comunicación. En los países más desarrollados se observa una intensa participación de los habitantes, lo que da al gobernante una gran seguridad. No sucede, como aquí, que expedida una norma se producen varias demandas de inconstitucionalidad o de nulidad, según se trate.

Cuando una profesión está dividida y cada fracción quiere que las cosas sean a su modo, como sucede con la contaduría pública colombiana, siempre aparecerán quejas en materia de legitimidad, porque quien no se sienta identificado con las decisiones alegará que no fue oído. Sin embargo, oír significa considerar detenidamente lo que se propone, pero no implica tener que hacer caso a cada cual, pues quien tiene el poder es el que decide.

Si alguien actúa abiertamente en forma ilegítima, la opinión pública lo sacará de su cargo. Por otra parte, las leyes deben ser justas. Dar a cada uno lo suyo no es fácil, sobre todo cuando no se conocen las distintas situaciones o circunstancias. La justicia implica un equilibrio entre derechos y obligaciones. No es posible, por ejemplo, privilegiar o beneficiar notoriamente a los contadores públicos sin consagrar mayores deberes, cargas u obligaciones en beneficio de sus clientes y de la comunidad en general. Tampoco es de recibo forzar a los contadores a trabajar gratuitamente, sin garantías, enfrentando exposiciones muy altas y echándose encima los deberes del Estado. Los profesionales tienen derecho a una vida placentera al ejercer su profesión, a una remuneración adecuada, al respeto por su dignidad. Lo justo tiene que ver con lo racional y, consecuentemente, con lo razonable. El que tiene el poder no puede obrar arbitrariamente. Siempre debe motivar o justificar sus decisiones.

En Colombia es muy común encontrar normas que nunca se han explicado, respecto de las cuales ni siquiera se sabe quién las planteó. Legalidad, legitimidad y justicia son esenciales.

Hernando Bermúdez Gómez
Editor de Contrapartida, Novitas, Registro Contable, Vademécum
Tomado de Contrapartida – De Computationis Jure Opiniones
Número 6419, Febrero 7 de 2022