El peso del recaudo de la reforma tributaria lo tendrán las personas jurídicas.
Para el CPC, una tasa de renta corporativa elevada es desincentivo para avanzar a un ecosistema empresarial más productivo.
La estructura de recaudo en Colombia se apoya más en el sector productivo que en personas naturales.
Sergio Clavijo, expresidente de Anif y profesor de la Universidad de Los Andes, recientemente en su columna de opinión del diario La República manifestó que en Colombia las personas jurídicas aportan 5,1 % del PIB frente a un 3 % del PIB observado en el promedio de países miembro de la Ocde.
De igual forma, el impuesto a las personas jurídicas en Colombia alcanza un 24,5 %, frente a un 9,2 % en la Ocde.
Otro problema muy distinto es que los hogares de clase alta en Colombia (que son los que deben asumir impuestos de renta) tan solo aporten 1,2 % del PIB frente a 8 % del PIB observado en Ocde.
Sin embargo, para él es equivocado concluir que las clases altas en Colombia enfrentan una tasa efectiva de tributación –TET– baja. En efecto, «los estratos altos ya veníamos pagando una TET cercana al 28 %, cifra superior al equivalente en Estados Unidos».
Al respecto, el Consejo Privado de Competitividad –CPC–, en su Informe nacional de competitividad 2022-2003, capítulo “Sistema tributario”, analiza el impuesto de renta para personas jurídicas.
Para la entidad, mantener una tasa de renta corporativa elevada resulta en un desincentivo para lograr avanzar hacia un ecosistema empresarial más productivo.
Si bien existe el régimen simple para estimular el pago de impuestos de las empresas más pequeñas, una alta tasa de renta corporativa afecta el proceso de crecimiento que esas organizaciones deberían seguir.
Lo anterior se puede traducir en un síntoma de preocupación, ya que el sector empresarial es uno de los que más aportan y contribuyen al sistema tributario, y las mipymes representan más del 99 % de las empresas del país, generan aproximadamente 79 % del empleo y aportan 40 % al PIB.
La estructura de recaudo en Colombia se apoya más en el sector productivo que en las personas naturales, afectando los incentivos para crecer, invertir y generar empleo.
Desde el punto de vista del CPC, la tasa corporativa de renta es el elemento más transversal y problemático en términos de incentivos para el crecimiento, la generación de empleo y bienestar que existe.
Una tasa elevada de renta corporativa mayor que la de países con niveles similares de desarrollo, e incluso que muchos con mayores niveles, es contraproducente frente al recaudo de mediano plazo y afecta también la confianza del sector productivo en su relación con el Estado.
Los economistas y analistas Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia afirman que en Colombia hay cerca de 7.200.000 empresas, de las cuales el 97 % tiene entre 1 y 2 trabajadores; el 2 %, entre 4 y 10; y el 1 %, 11 o más.
Los ingresos no constitutivos de renta declarados en 2019 ascendieron a 40 billones de pesos (que equivalen al 3,8 % del PIB); estos, liquidados a la actual tarifa del impuesto de renta del 35 %, hacen que el Estado deje de percibir cerca de 14 billones de pesos.
Las rentas exentas declaradas por las empresas en 2019 alcanzaron los 13 billones de pesos, que liquidadas a la tarifa nominal actual habrían equivalido a una pérdida de 4,5 billones para el fisco nacional.
Clavijo señala que cerca de 50 % de la nueva carga tributaria que se busca recaudar a través de la reforma tributaria, Ley 2277 de 2022, recaerá sobre las grandes empresas y, dentro de ellas, el grueso afectará a las del sector minero-energético.
Lo anterior no solo frena la competitividad internacional de un sector tan vital, en momentos en que se tiene una inflación energética del 18 % a nivel global, sino que a nivel de recaudo esta cifra viene a restarse de los recursos de capital que le transfiere Ecopetrol-ISA a la Nación. Es decir, esos no son recursos fiscales adicionales propiamente dichos.