El proyecto de ley 419 de 2024 tiene como objetivo establecer criterios para otorgar la pensión por discapacidad severa y definir otras disposiciones.
Se radicó en el Congreso el proyecto de ley 419 de 2024, mediante el cual se busca reformar los mecanismos de calificación para otorgar la pensión e indemnización por discapacidad permanente en el sistema general de riesgos laborales.
Las modificaciones del proyecto se pueden agrupar en dos grandes grupos: (I) criterios para establecer el estado de discapacidad severa y (II) funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez.
Para abarcar las primeras modificaciones, se debe tener en cuenta que antes, de conformidad con la Ley 100, se consideraba como inválida a una persona que hubiese perdido el 50% o más de su capacidad laboral. En el proyecto de ley se amplia el concepto, estableciendo que no solo se deberá evaluar la capacidad laboral sino también las afectaciones en participaciones sociales y económicas de acuerdo con la edad.
De la misma manera, se establece que para calificar el estado de discapacidad severa, se requerirá de un Manual Único que deberá ser expedido por el Ministerio de Salud y del Trabajo, contemplando criterios técnicos de evaluación de conformidad a lo regulado por la OMS. En el proyecto, se dispone que el manual se deberá presentar un año después de expedida la ley y deberá actualizarse cada 3.
Ahora bien, respecto a los cambios de las juntas de calificación, en el proyecto se sugiere organizar las juntas regionales en salas por departamentos y asignarle los casos de Arauca, Amazonas y San Andrés y Providencia a la junta de Bogotá y Cundinamarca.
Otra modificación que sugiere el proyecto es acerca de los integrantes de las juntas regionales, que deberán estar conformados por dos médicos, un psicólogo y un abogado, cada uno con diferentes requerimientos de experiencia.
Finalmente se plantea que los integrantes de las juntas regionales y nacionales sean seleccionados mediante un concurso de méritos, liderado por el Ministerio del Trabajo y con recursos del Fondo de Riesgos Laborales.
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