Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Se busca el visto bueno del Consejo Nacional de Política Criminal para tipificar en la reforma tributaria los delitos por evasión del impuesto de renta.
Los recursos deberían salir de personas naturales y jurídicas evasoras antes que ponerles impuestos a otros, como a quienes viven de su salario.
El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, estuvieron en Cali socializando en un foro el proyecto de reforma tributaria del Gobierno del presidente Petro.
La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, así como varios representantes y senadores que forman parte de la Comisión Tercera conjunta, sea como ponentes o como parte de la discusión del proyecto (quienes tienen la responsabilidad de su aprobación), estuvieron presentes.
Representantes y directivos de los gremios económicos del departamento también se presentaron con el fin de proponer modificaciones al proyecto.
José Hernando Zuluaga Marín, CEO de Actualícese, intervino en el foro y afirmó que el Gobierno debe combatir la elusión, el fraude fiscal, la evasión, la corrupción, el uso de la contabilidad creativa, el contrabando y el testaferrato. Expresó:
No se debe dejar de utilizar una herramienta para el control del negocio de los bienes raíces en las notarías como es la georreferenciación.
La georreferenciación es un elemento contra la evasión que proponemos se implemente en vez de aumentar el porcentaje de las ganancias ocasionales.
Para él, es necesario establecer la georreferenciación como una responsabilidad en las notarías. El rezago de los catastros municipales afecta la tributación sobre la negociación de los bienes raíces, se afecta el impuesto predial y el del registro, así como el valor comercial asignado a los inmuebles al momento de venderlos.
Reyes afirmó que se está buscando el visto bueno del Consejo Nacional de Política Criminal “para la tipificación de los delitos que se quieren plantear para que la evasión del impuesto de renta, que usualmente no resulta en penas de cárcel, y apliquen en los casos en que sea una evasión completamente intencional y por un monto alto”.
Desde el punto de vista del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, una reforma tributaria que financie los programas sociales, la educación y la lucha contra la desigualdad tendrá que salir de los impuestos que estas personas naturales y jurídicas (los evasores) no están pagando, esto antes que tratar de ponerles impuestos a otros, como quienes viven de su salario.
Desde Fedesarrollo se comentó que cerca del 5,4 % del PIB se pierde anualmente por factores asociados a la evasión y elusión de impuestos, lo cual representaría cerca de 68 billones de pesos, aunque las estimaciones afirman que puede rondar los 80 billones de pesos.
Para Zuluaga, los contadores públicos somos necesarios para los empresarios, para el país y para la Dian, por lo que se le solicitó al director de esta entidad «que nos dé el trato que merecemos, que sea amigable y aprecie nuestros servicios, que se soportan en las normas vigentes de la profesión».
Recordó que las actividades de la profesión se rigen por el bien común, el interés social, el interés por la sostenibilidad, la información financiera y la fe pública; todo soportado en las certificaciones y los dictámenes que deben emitir los contadores públicos.
Acerca de las manifestaciones de Reyes cuando dijo que los contadores públicos participan en prácticas de evasión tributaria de los contribuyentes que asesoran, desde el Consejo Nacional de Contadores Públicos se aseguró que la conducta evasora no se puede generalizar para toda la profesión.
El Consejo advirtió que en muchas ocasiones son las firmas grandes las que crean figuras internacionales que facilitan la evasión. Se requiere una reforma estructural de la Junta Central de Contadores para que sus funciones sean eficientes; los reportes de la Dian solo son conocidos por la entidad que sanciona a los contadores cuando esta llega a conclusiones en sus investigaciones, evento que se sitúa poco antes e incluso después de los términos de caducidad establecidos.
En relación con el comentario del exdirector de la Dian, Juan Ricardo Ortega, quien afirmó que «en Colombia el sistema de control de los contadores está politizado y garantiza la impunidad de quienes se prestan para cometer fraudes y evadir impuestos», el Instituto Nacional de Contadores Públicos –INCP– expresó que los contadores son aliados de la Dian, pues tienen obligaciones relacionadas con el interés común, la ética y la fe pública.
Para el INCP, los contadores públicos son verdaderos asesores de confianza en el mundo de los negocios, profesionales que poseen una formación integral basada en principios éticos; expertos en preparar, analizar e interpretar información tributaria, contable o financiera para apoyar la toma estratégica de decisiones.
Los profesionales contables y auditores son parte de la estructura de gobierno al servicio de la lucha contra la corrupción, y sus contribuciones se intensifican cuando el resto de dicha estructura es más fuerte.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
