Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Aunque las políticas de explotación petrolífera del país son inciertas, en caso de que la transición energética de Colombia se diera de manera inmediata, habría que hacer una inversión cercana a los 30.000 millones de dólares al año, lo que representaría entre el 8 % y 11 % del PIB nacional.
Así lo estima la firma Crowe Colombia en su estudio de análisis, ¿Qué tan posible es la transición energética en América Latina?, en el cual analiza los posibles caminos que podríamos recorrer, en comparación con los otros países de la región, y la implicación de las decisiones que tome el Gobierno nacional en los próximos meses.
A manera de comparación, se calcula que en Estados Unidos y Europa la transición energética costaría entre el 5 % y 6 % del PIB al año. Reducir las emisiones de CO2 cuesta dinero, dado que se debe hacer una transformación tecnológica para la generación de electricidad, en la movilidad del sistema de transporte y apoyar la conversión de los sectores que generan grandes emisiones como el agrícola y el de confecciones, entre otros.
Ahora, teniendo en cuenta que en la primera etapa de esta transición el gran protagonista sería el gas, el uso y la producción del petróleo y el carbón tenderían que reducirse de manera importante, ya que hechos tangibles como la fabricación y venta de automóviles eléctricos, la carrera por la energía solar y eólica, comenzarían a desestimular su consumo.
Esto significa que la demanda total de combustibles fósiles tendría que ir disminuyendo de forma constante hasta el año 2050, en una media anual equivalente a la producción de un gran yacimiento petrolífero. Por su parte, las operaciones petroleras offshore (costa afuera) en las etapas de exploración serían cada vez menos viables y las que están en marcha se tornarían más riesgosas.
Según análisis de la Universidad de Texas, el descenso en la caída de la demanda, a causa de una hipotética política concertada de transición a nivel regional, afectaría a todos los productores de petróleo de la región y el impacto se sentirá más en aquellos que tienen una mayor dependencia del crudo, que son Venezuela, Ecuador y Colombia.
Históricamente, antes del marcado declive registrado en los últimos años por la empresa petrolera estatal PDVSA y de las posteriores sanciones impuestas por Estados Unidos, en torno a 95 % de las divisas que ingresaban a Venezuela procedían del petróleo; las ventas de crudo venezolano en 2019 sumaron 12.200 millones de dólares, equivalentes al 83 % de las exportaciones del país, según datos del Observatorio de Complejidad Económica.
Dando una mirada hacia Brasil, este es un país que se ha convertido en «el gran productor de petróleo de América Latina», con casi tres millones de barriles diarios, cifra similar a la que alcanzaron Venezuela y México «en sus buenos tiempos», pero a pesar del tamaño de su industria no es dependiente del petróleo, pues produce a gran escala productos agroindustriales que lo posicionan como un exportador nato.
En el caso de Argentina, recientemente se han descubierto yacimientos de crudo no convencional (conocido como shale oil o petróleo esquisto), el cual tiene un gran potencial, y a su vez cabe resaltar que, este país junto a Chile y Bolivia son denominados el “triángulo del litio”, donde se encuentran las mayores reservas mundiales de este mineral, clave para la elaboración de baterías eléctricas y vital para la transición energética.
Ahora, es importante analizar que el contexto actual permite prever que, al menos en las próximas tres décadas el consumo de combustibles fósiles seguirá en aumento, entonces los países de la región podrán seguir produciendo y haciendo que el negocio sea rentable y así obtener recursos sostenibles para garantizar la adecuada transición energética.
Ahora bien, para garantizar un proceso adecuado y la sostenibilidad de la industria, los países más dependientes del petróleo y sus derivados deben enfocar esfuerzos en las vías de la eficiencia y la reducción de costos de producción, y a su vez, reducir la intensidad del carbono y de los gases de efecto invernadero.
Para Colombia, por su parte, estos recursos siguen siendo absolutamente necesarios para la economía nacional y por ello es aconsejable que mientras se prepara una estrategia seria y con proyecciones verdaderamente sostenibles, sigue siendo necesario que los actores de la industria y el Gobierno mitiguen el efecto de la caída de la producción, ya que esta descenderá más rápido que la demanda y existe el riesgo de perder la autosuficiencia, impactando los ingresos estatales y sus anunciados planes de inversión social.
Janeth Romero
Socia de auditoría de Crowe Colombia
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
