Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La puja por el aumento para el salario mínimo terminó en consenso. Gobierno, empresarios y centrales obreras definieron en la mesa de negociación un incremento del 16 % para el salario, con lo cual quedó en $1.160.000; el subsidio de transporte se incrementó un 20 %, quedando en $140.606, para un total de $1.300.606. Por la desaceleración global de la economía en el año 2023, las cifras debían corresponder con la realidad que se vivirá.
Se alcanzó un equilibrio en la cifra evitando efectos macroeconómicos fuertes. No se puede pasar por alto el evaluar el impacto que tendrá el incremento para el sector empresarial (que aún enfrenta problemas de liquidez), o si terminará afectando considerablemente sus costos de nómina y la generación de empleo formal.
En el reporte de empleo informal y de seguridad social del Departamento Nacional de Estadística –Dane–, para el trimestre (agosto-octubre 2022) la tasa de informalidad laboral se ubicó en 58 %. Comparada con la del año anterior disminuyó en 1,8 %. Sigue siendo alta, lo que indica que el Gobierno nacional no se puede descuidar; en sus propuestas debe incluir al sector privado para facilitar la dinámica del mercado laboral y la protección social a los trabajadores. Las medidas en materia laboral a corto plazo son impostergables.
Con el aumento del salario mínimo también se incrementa el precio de muchos productos y servicios básicos que demandan los hogares colombianos: alimentos, servicios de salud, transporte, entre otros. Las altas tasas de interés y los efectos de la guerra en Ucrania han cambiado las condiciones económicas. Desempleo y presiones inflacionarias son factores de riesgo latentes.
La capacidad de compra de los trabajadores que devengan el salario mínimo se puede ver limitada por el costo de productos de la canasta familiar debido a la implementación de la Ley 2277 del 2022, Ley de reforma tributaria para la igualdad y justicia social. La desindexación del alza del mínimo de una serie de precios y servicios, disminuir los costos de la energía y gestionar ante el Ministerio de Hacienda bajar la tasa de usura son medidas complementarias acordadas en la mesa de negociación para mantener el poder adquisitivo. ¿Se cumplirán? Que prime la voluntad política y que todos los compromisos adquiridos no se queden solo en el papel.
Es un acierto de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ir más allá de la metodología que ha venido siendo utilizada; altas tasas de desempleo e informalidad no deben continuar al alza. La encrucijada: cifras van y vienen, esta vez las condiciones fueron más equitativas, se acortaron las diferencias y se logró el acuerdo para evitar que la negociación se convirtiera en un juego de intereses.
Roberto Carlos Torres Aguas
Contador público, especialista en Finanzas, diplomado en Formación para la Educación Superior y en Normas Internacionales Contables e Información Financiera
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
