Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
A principio de este mes la Auditoría General de la República abrió proceso de responsabilidad fiscal a la Contralora General, Sandra Morelli, por presunto detrimento patrimonial de más de $76.400 millones.
Todo se originó por el traslado de sede de la Contraloría en donde, según la auditora general, Laura Marulanda, la contralora Morelli violó en todas partes el principio de planeación y transparencia.
El proceso deriva del cambio de sede de la Contraloría ubicado anteriormente en el centro de Bogotá, y hoy está en el centro comercial Gran Estación, y donde el ente paga de arrendamiento $2.600 millones mensuales.
Después de conocerse el pronunciamiento de la Auditora, la Contralora afirmó que el proceso se debe a una “persecución” de la Fiscalía General de la Nación. “No me sorprende de ninguna manera. Es una persecución de la Auditoría y la Fiscalía que quieren demostrar a como dé lugar que la Contraloría es una entidad corrupta”, dijo Morelli a los medios de comunicación.
La Auditora Laura Marulanda ha dicho que ya se está adelantando una investigación de los bienes de Morelli para proceder con el embargo, a lo que Morelli no teme y dijo que si el detrimento fuera el dicho por la Auditora, su patrimonio no le alcanzaría para reparar el hueco fiscal. La contralora Morelli está citada para el próximo 30 de julio a descargos ante la Auditoría.
En entrevista con el diario El País, Morelli afirma que «Laura Marulanda es muy comunicativa y habla mucho. Durante su campaña se la pasaba en el club El Nogal planeando cómo me iba a volver a mí ‘chicuca’ una vez me eligieran. Uno sabe que la finalidad es esa, pero de todas maneras hay una cosa que no se puede perder de vista: que Colombia es un Estado de Derecho, aquí hay jueces y los funcionarios públicos no pueden firmar cosas contraevidentes y absurdas sin que eso tenga consecuencias, así que al final de los días, espero que sea antes y no después, estoy tranquila, porque no he incumplido en ningún procedimiento. Esto tiene que salir bien».
Y frente a la pregunta de cuál de los procesos que ha gestionado como contralora la ha llevado a ser perseguida, contesta que, «indudablemente el tema Saludcoop ha generado toda la persecución de la que es víctima la Contraloría. En esta entidad se han practicado 270 diligencias orientadas a pedir los expedientes de Saludcoop, tenemos 50 funcionarios investigados, entrevistados o requeridos por la Fiscalía por haber hecho actuaciones. Este episodio de la Auditora tiene relación indirecta con el asunto».
Otro tema al que hizo referencia la Auditora fue el del auto de imputación de cargos a la contralora, por el suministro de gasolina, con dineros públicos, para abastecer su vehículo personal.
Como lo publica El Tiempo, Morelli no solo aceptó el hecho, sino que subrayó que, por el contrario, el Estado ha omitido la provisión de un vehículo oficial para la protección de su familia.
“Se compró un carro blindado, el que yo utilizo. El de mi familia lo adquirí con mi plata, luego el Estado está omitiendo ese suministro obligatorio del auto y la gasolina. Para ese vehículo, la gasolina sí la paga el Estado y tiene que hacerlo”.
Morelli expresó que la decisión, durante su administración, de hacer de la Contraloría una entidad transparente, ha desatado lo que llamó “una persecución sistemática que lleva dos años y medio”.
“La Auditoría tiene el deber de investigar. Tengo la tranquilidad de que no me he robado un peso”, concluyó.
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