Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El proyecto de reforma tributaria considera las propuestas de Fedesarrollo: eliminar las exenciones que tienen las empresas y que aquellos que ganen más pague más.
Los impuestos a bebidas azucaradas y alimentos no ayudan, no tendrían un impacto significativo en el bolsillo del consumidor ni en el recaudo.
Luis Fernando Mejía, director ejecutivo del centro de pensamiento Fedesarrollo, opinó sobre el proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno de Gustavo Petro.
Mejía destaca el articulado, pero expresa que contiene muchos puntos que deberán debatirse. “En términos generales es una muy buena reforma. El documento acoge gran parte de las recomendaciones que hemos hecho en Fedesarrollo», dijo a los medios de comunicación.
Las recomendaciones hechas por la entidad son eliminar las exenciones que tienen las empresas y aumentar la progresividad de distribución, es decir, que quien gane más pague más.
Lo anterior, aunque representa un avance importante, plantea dudas. Así lo aseguró en entrevista con El Tiempo. Para él, no es claro para qué se usarán los recursos, ni cómo se dará el ajuste fiscal y cuánto se utilizará para reducir el déficit fiscal.
Mejía considera que todavía falta reducir la tarifa de renta de las empresas, ya que comparada con otros países tiende a ser muy alta.
Se le suma que “el Gobierno está subiendo el impuesto a los dividendos, se está manteniendo la tarifa de renta y se plantea eliminar las exenciones, podría aumentar sustancialmente el costo bruto del capital y eso podría ser un desincentivo grande a la inversión. Por eso proponemos una tarifa de renta de empresas al 30 %”.
Con el objetivo de contar con un estatuto tributario que trate por igual a todas las actividades productivas, la entidad considera fundamental eliminar las exenciones sectoriales existentes.
Lo anterior incluye revisar y eventualmente eliminar los mecanismos de zonas francas, especialmente las unipersonales.
De igual forma, Fedesarrollo propone eliminar el descuento del impuesto de comercio y avisos, medida que implica un costo fiscal de 0,5 % del PIB a partir de 2022. Además, se plantea posponer la reducción de la tarifa de renta corporativa y dejarla en 31 % hasta 2026.
Desde su punto de vista, uno de los aspectos que deben analizarse es el de los impuestos a las bebidas azucaradas y a los alimentos.
Los impuestos a los alimentos que generaron un gran debate serán tema de conversación. A pesar, que, según Fedesarrollo, solo el 3 % de los gastos de la canasta familiar van para este tipo de alimentos.
Lo que hacen estos impuestos es cambiar los modelos de consumo. La nueva reforma lo que debería eliminar es la extensión al impuesto de consumo. Esta reforma no solo es un componente social, sino algo económico en la reducción de la pobreza.
Este es un tema que, advierte, no tendría un impacto significativo en el bolsillo del consumidor ni en el recaudo, aunque es un mensaje contundente para la ciudadanía. «La afectación no sería tan grande desde el punto de vista del gasto y creo que vale la pena dar la discusión», opina.
Para él, se podría pensar en un impuesto más pequeño, y sería una salida en medio de la polémica creada. “El propósito de este tipo de impuestos no es generar recaudo. Por ejemplo, el impuesto a las bolsas plásticas en el 2016 se arrancó en 30 pesos por bolsa y ahora está en 50. No genera mucho recaudo, pero da una señal a los consumidores”.
Desde su punto de vista uno de los puntos que debe ser analizados son los impuestos propuestos a las bebidas azucaradas y a los alimentos.
«Los impuestos a los alimentos que generaron un gran debate serán tema de conversación. A pesar, que, según Fedesarrollo, solo el 3 % de los gastos de la canasta familiar van para este tipo de alimentos», dice.
“Lo que hacen estos impuestos es cambiar los modelos de consumo. La nueva reforma lo que debería eliminar es la extensión al impuesto de consumo. Esta reforma no solo es un componente social, sino algo económico en la reducción de la pobreza”, agregó.
Este es un tema que, desde su punto de vista, no tendría un impacto significativo en el bolsillo del consumidor ni en el recaudo, pero es un mensaje contundente para la ciudadanía. «La afectación no sería tan grande desde el punto de vista del gasto y creo que vale la pena dar la discusión», opina.
Para él, se podría pensar en un impuesto más pequeño y sería una salida en medio de la polémica creada. “El propósito de este tipo de impuestos no es generar recaudo. Por ejemplo, el impuesto a las bolsas plásticas en el 2016 se arrancó en 30 pesos por bolsa y ahora está en 50. No genera mucho recaudo, pero da una señal a los consumidores”.
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