Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Las señales indican que Panamá estaría en la lista de países que Colombia considera como paraísos fiscales. Sin embargo, para que el proceso se anule el país Centroamericano deberá firmar un acuerdo de intercambio de información con Colombia a más tardar en septiembre este año. Así lo ha confirmado Juan Ricardo Ortega, director saliente de la DIAN.
Grupos empresariales y líderes gremiales de Panamá dijeron que Colombia no tiene el derecho soberano de decidir con quién firmar un acuerdo de intercambio de información.
Criticaron también la presión que hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, y que el país ya ha firmado una serie de acuerdos tributarios.
El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Frank De Lima, por su parte, ha asegurado que esta administración no firmaría un acuerdo fiscal con Colombia, menos ante la amenaza o presión.
Por su parte, el Ministro panameño de Relaciones Exteriores, Francisco Álvarez de Soto, dijo a los medios de comunicción que la situación debe ser atendida «con la firmeza y convicción de que Panamá no se merece ese tipo de acciones, y menos bajo premisas de una negociación forzada, por cuanto Panamá no es un paraíso fiscal».
Por su parte, el sector privado calificó de ‘chantaje’ la amenaza de Colombia de colocar a Panamá en su lista de paraísos fiscales.
«No podemos permitir que alegremente se diga que en Panamá hay normas legales o prácticas que limitan el intercambio de información cuando desde el año 2010 hemos negociado y firmado 29 acuerdos tributarios, 19 para evitar la doble imposición fiscal y 10 para intercambio de información», señaló el Consejo de Servicios Internacionales de Panamá (COSIP) en una carta firmada por representantes de la Asociación Bancaria de Panamá, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), la Asociación de Abogados Internacionales, la Bolsa de Valores de Panamá, la Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá y el Colegio Nacional de Abogados, entre otros.
El documento defiende el derecho de Panamá como nación soberana de negociar de acuerdo con sus intereses y conveniencia, y no los de otro Estado, según lo establecido en el derecho internacional.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá también solicitó al ministro que evaluara medidas para responder en caso de que Colombia coloque a Panamá en la lista de paraísos fiscales.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Álvarez, afirmó que «Colombia se ha quejado que Panamá no coopera porque los exhortos y auxilios judiciales demoran años en resolverse en la Corte Suprema de Justicia», pero denunció la imposición planteada por el gobierno colombiano.
Según lo indicado en los arts. 1 y 4 del Decreto 2193 de octubre 7 de 2013, a partir del año gravable 2014 el gobierno colombiano considera como “paraísos fiscales” a 44 países o territorios.
Como lo indica el art. 3 del mismo decreto se revisará cada año con lo cual la lista puede aumentar o disminuir. Los países que saldrían de la lista serían aquellos con los cuales el gobierno nacional logre obtener intercambios de información tributaria.
Por otra parte, los que entrarían en la lista serían aquellos con los cuales el gobierno quisiera obtener intercambios de información tributaria pero no lo consiga (caso por ejemplo de Panamá, Kuwait y otros mencionados en el art. 2 del Decreto 2193 con los cuales el Gobierno está en proceso de conseguir acuerdos para intercambio de información tributaria, acuerdos que luego se formalizarían en leyes como la Ley 1666 de julio 2013 con la que se acordó el intercambio de información tributaria con E.E.U.U.).
El pacto denominado Acuerdo de Inmunidades y Privilegios fue firmado en México por el presidente Juan Manuel Santos y el secretario general de la Ocde, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, José Ángel Gurría. Así lo publica Pulzo.com.
“En el citado instrumento se establecen las condiciones de privilegio e inmunidad de los bienes y los funcionarios de la Ocde, con respecto a procesos jurídicos, acciones judiciales, operaciones cambiarias, impuestos y aranceles”, dice el documento.
De acuerdo con Presidencia, lo acordado pasó por la revisión de los ministerios de Hacienda, Trabajo, Salud, y por el Banco de la República. Esto, en aras de que cada punto esté acorde con las normas colombianas.
La suscripción del Acuerdo se produce antes de que Colombia ingrese formalmente a la Ocde, puesto que el proceso de acceso conlleva la presencia frecuente de funcionarios de esa organización en el país, en desarrollo de misiones técnicas, destaca el comunicado.
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