Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La Cifra (haz click en la imagen para ampliar)
El tema pensional, la privación injusta de la libertad y los daños que produce la fuerza pública durante el cumplimiento de su deber, se convierten en las razones por las cuales más demandan al Estado.
Hasta el 30 de junio existían contra la Nación 339.452 procesos judiciales y de ellos 43.731 procesos se entablaron en Cali, es decir, un 12% del total. Los procesos que a nivel nacional representan pretensiones del orden de 201 billones de pesos, en la capital del Valle ascienden a 14,6 billones de pesos.
Según un informe de la Contraloría General de la República a diciembre de 2013 el monto por demandas contra el Estado llegaba a más de 412 billones de pesos. Una cifra que es más del doble del presupuesto general que se está manejando este año ($203 billones) y muy cercana al costo estimado del plan de desarrollo del cuatrienio ($ 564 billones).
Como lo publica El Tiempo, según el análisis de la Contraloría, basado en los reportes que las entidades le allegan a la Contaduría General de la Nación, el incremento de los recursos destinados a cubrir sentencias contra el sector público, entre 2003 y 2013, ha aumentado en un 395%.
El informe señala que el 88% de las pretensiones ($364 billones) corresponde a entidades nacionales y el restante 12% ($47,8 billones) a entidades territoriales.
En esta ocasión, la Superintendencia de Sociedades lleva la delantera, como la entidad pública más demandada ($ 58,2 billones), seguida de la Superintendencia Financiera, con eventos jurídicos por 41,9 billones de pesos. También están la Fiscalía, el Ministerio de Hacienda, Ecopetrol y el Ministerio de Minas.
Según Dinero, hoy Atlántico tendría que desembolsar más de $2,5 billones y quedaría expuesto a convertirse en una entidad territorial inviable fiscalmente. En Putumayo las solas pretensiones laborales en su contra, representadas en reconocimientos pensionales, superan en monto 50% de sus gastos de funcionamiento. Magdalena, con 732 procesos a cuestas por $83.434 millones, la firma de un acuerdo de pasivos no parece haberle servido de protección ante una catarata de procesos ejecutivos en su contra.
Con lo anterior, en la publicación se afirma que la estabilidad financiera de más de la mitad de los departamentos del país está en riesgo, y así lo confirma un estudio conjunto que preparan anualmente el Ministerio, la Procuraduría Delegada para las Entidades Territoriales y otros organismos que periódicamente le toman el pulso a la descentralización administrativa.
Los informes sobre los pasivos por demandas judiciales coinciden en que la mayoría de los departamentos no dispone todavía de fondos de contingencias para cubrirse ante los riesgos. Algunos, apenas comienzan a incorporar dentro de sus marcos fiscales los cálculos de mediano plazo sobre los impactos que eventuales fallos adversos tendrían sobre la financiación de sus gastos de funcionamiento e inversión. También sobre la atención del servicio de la deuda o sobre la reestructuración de los pasivos, para aquellos que se han visto abocados a hacerla.
KienyKe publica un interesante listado de demandas ‘famosas’ contra el Estado. En 2013 la excongresista Yidis Medina demandó ante la Procuraduría General de la Nación al Estado colombiano por 9 mil 320 millones de pesos, argumentando que es una indemnización que se sustentaba en la “vulneración a sus derechos fundamentales a ser protegido contra toda ilegal injerencia por parte del Estado” en las denominadas ‘Chuzadas’ del DAS.
Medina le pidió al Estado en esta demanda indemnizar a sus dos exmaridos, Marcos Salcedo Villamizar y Dyron Durán Sánchez, con cerca de 200 salarios mínimos; y a otros familiares, por los daños que fueron causados durante las interceptaciones ilegales del DAS.
Por otra parte, a comienzos del año pasado, el abogado de los afectados por las pirámides, anunció que prepara cien mil nuevas demandas contra el Estado por la supuesta omisión de varias autoridades para evitar que estas empresas ilegales defraudaran a la ciudadanía.
Las acciones judiciales se sumaron a las 104 mil demandas que están en curso y cuya pretensión económica llega a los cuatro billones de pesos.
“El atropello más grande que están haciendo ahora, están dándonos catorce mil pesos a unas personas, y a otras cerca de 19 mil pesos. La gente no se imagina cuánto cuesta trasladarse de un municipio a otro. Aquí vale de 20 mil a 25 mil el pasaje”, dijo una de las afectadas por la pirámide reciéntemente en RCN.
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