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El FIB es un patrimonio autónomo cuya finalidad es administrar y gestionar recursos que vayan a ser utilizados para obras de infraestructura.
El Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de decreto mediante el cual busca modificar puntos fundamentales de la suscripción y administración del Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura (FIB).
El Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público regula la figura del FIB, un patrimonio autónomo cuya finalidad es administrar y gestionar recursos que vayan a ser utilizados para obras de infraestructura.
Bajo este contexto, el Ministerio de Hacienda propone modificar 4 aspectos fundamentales del FIB en cuanto a: (I) la entidad designada para administrar el patrimonio autónomo, (II) quiénes pueden suscribir el contrato de fiducia mercantil, (III) una de la fuentes de recursos y, (IV) uno de los usos de los recursos.
En primer lugar, el Ministerio propone que el FIB sea administrado ya no por la Financiera de Desarrollo Nacional S.A., quien figuraba en el Decreto Único Reglamentario, sino por la Fiduciaria la Previsora S.A. Lo anterior, en la práctica también implicaría modificar el régimen de contratación puesto que, con la nueva administradora, el aplicable sería el de derecho privado.
La segunda modificación propuesta por el proyecto limitaría las entidades que están facultadas para celebrar el contrato de fiducia mercantil. En la regulación vigente, tanto el Ministerio de Hacienda como el de Transporte debían suscribir el contrato y se propone que, de conformidad con el principio de eficiencia, ahora lo pueda suscribir únicamente el Ministerio de Hacienda.
Respecto a la tercera variación que se menciona, se debe destacar que en el Decreto Único Reglamentario se establece que los recursos del FIB podrán estar conformados por múltiples fuentes. El proyecto busca que no sea una facultad si agregar o no los recursos derivados de la Contribución Nacional de Valorización sino que estos entren directamente al fondo.
Finalmente, el Ministerio propone que se agregue como uno de los usos de los recursos del patrimonio autónomo los costos que sean generados al realizar estudios técnicos, jurídicos y financieros requeridos para las proyecciones del recaudo de la Contribución Nacional de Valorización sobre proyectos de infraestructura de transporte.
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