Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El próximo 20 de Julio es la fecha elegida por el Gobierno nacional para presentar la propuesta al Congreso para la nueva reforma tributaria. Así lo ha confirmado el ministro de hacienda Oscar Iván Zuluaga a diversos medios de comunicación. Muchos opinan que es un paso obligado que se debe dar.
José Antonio Ocampo, ex secretario ejecutivo de Cepal, opina que hacen falta acciones puntuales para resolver las dificultades de la economía, como medírsele a un reforma tributaria estructual.
«Con la baja del recaudo tributario la situación se ha puesto más difícil para el Gobierno y no creo que tenga mucho margen para actuar. Es necesario repensar todos los temas de beneficios tributarios. Hay algo que quedó pendiente en ese sentido y es una reforma tributaria estructural«, aseguró Ocampo a El Tiempo.
Por su parte para el decano de la facultad de Economía de la Universidad de Los Andes, Alejandro Gaviria, el tema de la reforma tributaria es inevitable.
«Yo creo que el Gobierno actuó irresponsablemente porque uno no puede ponerse a regalar impuestos o a firmar pactos de estabilidad cuando todavía tiene un déficit estructural. Porque ya estamos viendo que se requiere una reforma tributaria», dijo a Portafolio.
Para el Contador Público y especialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Externa, Samuel Alberto Mantilla,
«preocupa que se trate de una reforma más, de coyuntura, para tapar un hueco abriendo otros. Lo interesante sería que se hiciera una reforma de fondo, que ayudara a organizar las cargas financieras en el conjunto social, pero no parece que así sea. Incluso el FMI está pidiendo una reforma de fondo, pero no hay indicios que el Gobierno quiera hacerlo. No lo hizo con la reforma financiera, tampoco con la Ley Contable. Entiendo que se creen más impuestos para un sector y se mantuvieran las prácticas establecidas».
Y aunque hasta el momento no hay una propuesta concreta para la reforma tributaria, si hay unas pistas que se pueden tener en cuenta, como la que dio Zuluaga cuando dijo que como el Impuesto al Patrimonio se cobra a partir de patrimonios superiores a los 3.000 millones, existen nuevas personas que lo tienen y que no lo han pagado, esto ante el hecho que las empresas que han firmado pactos de estabilidad jurídica ya están a salvo de un nuevo cobro.
Surgiría entonces una posibilidad para ayudar a aliviar el hueco fiscal: que el impuesto al patrimonio pase a ser permanente.
El analista económico Martín Garrido es uno de muchos que coinciden que existe una crítica general cuando se afirma que existe un lunar grande en los contratos de estabilidad tributaria que para muchos no son equitativos. El Ministro de Hacienda piensa que «cuando se habla de inversión hay que pensar en dos cosas: incentivos y estabilidad. El Gobierno está buscando mecanismos para atrapar inversión, y con esta es que se origina empleo, moderniza y permite que exista reconversión tecnológica».
Mantilla es uno de esos críticos. «Si tuviéramos un sistema equitativo y orientado a fomentar la economía, tendría sentido garantizar una estabilidad jurídica, pero como esto no es así, el asunto adquiere características diferentes: la estabilidad jurídica es un hecho. Económicamente sería más costoso incumplirla, porque vendrían pleitos en las cortes internacionales», afirma.
Garrido afirma que este ha sido un Gobierno donde el gasto ha tenido el menor crecimiento comparado con otros. «La base tributaria ha crecido, al igual que los impuestos y la inversión atrae una tributación indirecta», dice. A lo que agrega que Colombia tenía una de las tasas de tributación de renta mas altas de América Latina, y por eso se planteó el tema de la Seguridad Democratica; para recuperar la confianza de inversión. «La idea es que se diseñe un sistema tributario que permita incentivar y premiar la inversión», concluye.
Según la Dian, después del año 2006 muchas personas incrementaron su patrimonios y el Gobierno buscará que estas cancelen una sola vez el impuesto al patrimonio. «Lo que tenemos claro es que debe ser un impuesto para las personas más ricas», asegura el Ministro de Hacienda.
«Mmmmm… sencillamente no lo creo, porque siempre los de la clase media y los pobres también terminan pagando», dice Garrido.
Y hablando de implantar más impuestos, cuando el recaudo tributario se usa de manera eficiente para impulsar la economía, eso es loable ya que hay circulación de la riqueza, bienestar, empleo e inversión. «Pero ese no es el caso en Colombia y menos de la reforma respecto de la cual se está hablando. Se piensa en impuestos para tapar el hueco fiscal o para la seguridad democrática. Y, de manera paradójica, quienes impulsan la economía han suscrito acuerdos de estabilidad jurídica tributaria. La reforma que se haga no podrá cambiar ello, así que en la práctica no será un impulso para la economía», dice Mantilla.
En el 2002 Colombia era un país que no tenía inversión y no existían muchas posibilidades de generar empleo. Para aquel entonces la inversión representaba el 13% de todo lo que producía la economía y hoy es del 28% y por eso se tiene un ciclo de expansión importante. Se ha recuparado inversión extranjera porque se ha construido confianza inversionista y eso es un logro que tiene la política económica.
«La política fiscal aparentemente ha sido responsable para un país que ha venido disminuyendo su déficit y la deuda en un periodo de tiempo corto. Eso ha permitido que se tenga espacio en los años 2009 y 2010 para aumentar el nivel de deuda y no parar la inversión», afirma Garrido.
Los mercados lo han valorado porque hay coherencia en la política que permite tener tranquilidad en asegurar la inversión pública, lo que hace que se origine reactivacion economica. Los resultados han sido positivos. «Nuestras cifras son menos malas que las de otros países», dijo el Ministro al respecto.
El éxito está no solo el recaudo sino también en el uso que se le de a los impuestos. Un primer punto crítico es que sean para todos. En la actualidad hay demasiadas excepciones y privilegios, lo cual hace que sea ‘mejor negocio’ la evasión tributaria. A quienes están al margen del sistema les va mucho mejor, no solo no pagan impuestos sino que en la práctica tampoco son sancionados. Pero el presidente Uribe ha estado reacio a eliminar las excepciones, así que habrá poco por esperar en este sentido.
Un segundo punto crítico, como lo afirma Mantilla, es la base de medición que se usa para calcular el impuesto al cual se está obligado. El argumento que se utiliza es que comparativamente en Colombia se pagan menos impuestos que a nivel internacional y ello no es cierto. Hay un aparente desface porque la base de cálculo (‘contabilidad tributaria’) es a costo histórico ajustado; sin embargo, los impuestos están indexados y las sanciones y las moras son iguales que para cualquier otro préstamo financiero.
Si Colombia tuviera una sola base de medición de la producción de la riqueza (usando los IFRS) entonces esas diferencias en relación con lo internacional, serían analizadas de manera diferente. Preocupa es que los contadores colombianos estén más interesados en mantener las viejas y obsoletas prácticas de la contabilidad de la renta y estemos tan reacios a adoptar los IFRS.
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