La Ley 1429 de 2010 establecía un plazo hasta junio de 2013 para aplicar multas hasta de 5.000 s.m.m.l.v. tanto a empleadores que usaran la intermediación laboral a través de las C.T.A., como a las mismas C.T.A. con su disolución por prestarse a suministrar trabajadores cuando es ilegal. Con la nueva Ley 1450 de 2011, dichas sanciones ya se puede imponer desde el pasado 16 de junio.