Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
En ejecución de los Decretos 2706 y 2784 de 2012 para implementación del Marco Técnico para las Microempresas y las NIIF (IFRS) Plenas respectivamente, e incluso la normatividad que se encuentra pendiente para aplicación de las NIIF para las Pymes, demandan las funciones legales establecidas en materia de inspección, control y vigilancia a las distintas Superintendencias, quienes deben establecer programas de seguimiento a los procesos de convergencia realizados al interior de las distintas entidades, personas naturales y jurídicas.
Hechos vergonzosos acontecidos en los últimos años como DMG, Grupo Nule, Interbolsa e incluso el escándalo de las empresas pertenecientes al ingenio Riopaila (denunciadas por los senadores William Arias y Jorge Robledo) dejan entrever que la economía dinamizada por el ámbito empresarial tiene debilidades que deben corregirse de alguna manera.
Por eso el papel de las Superintendencias se vuelve muy importante porque es la garantía ante el entorno económico que las empresas cumplen sus obligaciones legales.
Los contadores carecen de herramientas que le permitan hacer valer su independencia so pena de poner en riesgo su vinculación contractual (¿acaso eso no es un tipo de coerción?), sin embargo, la ley le exige a la profesión obligaciones que le originan sanciones y procesos disciplinarios. A pesar que existen innumerables normas que deben acatar los administradores consagradas en leyes, decretos, resoluciones y otras regulaciones, lamentablemente nunca se llevan a cabo o se aplican con demasiada laxitud.
Muchos contadores se preparan continuamente invirtiendo tiempo y dinero, pero quienes toman las decisiones en las empresas son los administradores (Gerentes y Junta Directiva) y ellos son los que aprueban los estados financieros y la información legal que de ellas se deriva.
En los estados financieros que se emiten, muchos opinan, incluso hasta los asesores externos que tiene la entidad, pero, ¿quiénes firman y son responsables ante la ley? ¿Por qué no se exige la inclusión de las opiniones de consultores externos tributarios y financieros?
Regresando a la realidad en la que se ve inmersa los preparadores de la información, solo nos queda la selección de los clientes a los cuales avalaremos con nuestra firma al actuar como contador, auditor o revisor fiscal.
Cuando se abordan los estándares internacionales NIIF (IFRS), XBRL y NIAs existe un elemento común, la transparencia de la información, es decir, que la información que se publica en un estado financiero es fidedigna y libre de cualquier manipulación. Por lo anterior, recae la responsabilidad total sobre los administradores quienes por ley o voluntariamente pueden requerir de la participación de auditores externos o revisores fiscales según cada caso.
La transparencia es el sinónimo de confianza que se trasmite por quien emite y firma los estados financieros, pero tiene muchos enemigos cercanos tales como: los conflictos de intereses, el sesgo para que sean aceptados, la participación en licitaciones, etc.
Si se incumple este principio fundamental caemos en el mundo del dolo y penetramos en las instancias legales. Por ello, son las entidades de inspección, control y vigilancia las llamadas a ejercer su función.
Lo anterior implica que los funcionarios encargados de esta labor demuestren su idoneidad y competencia por encima de la represión, coerción y poder dominante que genera la calidad de supervisor.
Finalmente, como profesional hago un llamado extensivo a mis colegas a resaltar y darle altura a nuestra profesión en el proceso de implementación de las NIIF (IFRS), como una oportunidad de recuperar el protagonismo que implica el ejercicio de nuestra profesión.
Preparada por:
Edmundo Alberto Flórez Sánchez
Líder de Investigación de Estándares Internacionales en Actualicese.com
edmundo.florez@blacolombia.com
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
