Corrupción: propuestas de Transparencia Internacional para hacerle frente a este flagelo

Eliminar la inmunidad política en ciertos casos, proteger a los denunciantes, fortalecer las instituciones que investigan, crear canales confidenciales donde se denuncie, incentivar la participación de la ciudadanía en el monitoreo de actividades corruptas, son algunas de las ideas que propone la entidad.

El 10 de octubre Transparencia Internacional publicó su barómetro global de la corrupción titulado “Las personas y la corrupción: América Latina y la Corrupción”: en este documento se presentan los resultados de una serie de encuestas realizadas, entre mayo y diciembre de 2016, por medio de entrevistas a 22.302 personas en 20 países de toda América Latina y el Caribe que fueron interrogadas acerca de sus percepciones y experiencias de corrupción.

Frente a los resultados obtenidos, Transparencia Internacional propuso cinco puntos que deberán ser tenidos en cuenta, por la ciudadanía y los gobiernos, para frenar la corrupción en los diversos países. A continuación, citamos estos puntos y la dirección a la que deben apuntar las iniciativas de todos los gobiernos involucrados, es decir, el deber ser en cuanto a la adopción de mecanismos contra la corrupción.

1. Tomar medidas para reducir los sobornos en los servicios públicos

• Asegurar que las tarifas oficiales de los servicios públicos se exhiban públicamente de manera clara.
• Optimizar los procedimientos burocráticos para evitar que los procesos de toma de decisiones resulten prolongados y arbitrarios.
• Invertir en plataformas de gestión electrónica que permitan a los usuarios gestionar servicios sin necesidad de interactuar personalmente con funcionarios públicos.
• Asegurar la existencia de canales confidenciales a través de los cuales los ciudadanos puedan informar sobre la calidad de los servicios públicos y su nivel de satisfacción como usuarios.

2. Preparar a la sociedad civil para participar en la lucha contra la corrupción

• Involucrar a la sociedad civil como parte de sus esfuerzos para combatir la corrupción. La participación de la sociedad civil incrementará la credibilidad de estos esfuerzos.
• Crear un contexto seguro, que favorezca la participación de la sociedad civil y los medios de comunicación en las iniciativas contra la corrupción, incluida su libertad operativa y física, tanto de jure como de facto.
• Permitir la participación cívica en el monitoreo y la denuncia de hechos de corrupción implementando eficazmente las leyes sobre acceso a la información.

3. Fortalecer las instituciones que imparten justicia

• Invertir en medidas para fortalecer el acceso a la justicia y al Estado de Derecho, asegurando un proceso objetivo y transparente para el nombramiento de jueces, la intangibilidad de sus salarios, las debidas condiciones de trabajo del personal judicial, y criterios transparentes para la asignación de causas.
• Fortalecer las instituciones que participan en la detección, investigación y condena de delitos vinculados con la corrupción.
• Evaluar la posibilidad de difundir las decisiones judiciales a través de internet, a fin de permitir que la sociedad civil, los medios de comunicación y los ciudadanos examinen y cotejen las sentencias.
• Eliminar la inmunidad política en los casos relacionados con corrupción.

4. Sanear la institución policial

• Los gobiernos deben fortalecer la capacidad de investigación de la policía con técnicas de inteligencia especializadas, afianzar las medidas disciplinarias internas y establecer mecanismos de rendición de cuentas permanentes y sistemas integrados de gestión en toda la institución.

5. Proteger a los denunciantes

• Crear canales de denuncia accesibles y anónimos para los denunciantes, que los protejan de manera genuina contra cualquier forma de represalia.
• Asegurar que todo acto de represalia o interferencia con la información revelada por el denunciante se considere una conducta indebida, y los responsables deben estar sujetos a sanciones laborales/profesionales y civiles.
• A los denunciantes cuya vida o seguridad se encuentre en riesgo la legislación que adopte el gobierno debe asegurarles, así como a sus familiares, el derecho a recibir protección personal.

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