Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Los avances tecnológicos están transformando la forma en que operan las administraciones tributarias.
Algunas administraciones tributarias de la región, con el apoyo de la facturación electrónica y procesamiento de datos, están rediseñando sus procesos.
El Centro Interamericano de Administraciones Tributarias –CIAT– es una entidad que se enfoca en las administraciones tributarias y no en la política tributaria internacional.
Es un organismo complementario que facilita la implementación de las decisiones de política fiscal que puedan tomar los países miembros.
En el artículo Transformación digital, comercio informal y trazabilidad fiscal, publicado en su blog, la entidad indica que los avances tecnológicos están transformando la forma en que operan las administraciones tributarias de la región.
Es así como se presentan numerosas oportunidades de mejora para la modernización y digitalización de los servicios de estas para los contribuyentes, el control del cumplimiento tributario, la gestión de riesgos y desempeño, entre otros.
De esta forma, la tecnología está siendo un factor clave en la transformación digital de las administraciones tributarias, potenciando sus estrategias.
Así entonces, la transformación digital está cambiando radicalmente la operación interna de las administraciones tributarias al automatizar sus procesos operativos y al tiempo modificar los servicios que ofrecen a los ciudadanos. Como afirma el CIAT:
Los avances tecnológicos permiten recibir y almacenar cada vez más información, de manera más oportuna, y aprovecharla de forma más completa, disminuyendo significativamente los costos de generar, transmitir, procesar y almacenar grandes volúmenes de información.
El control continuo de transacciones, por ejemplo, facilitado por la tecnología de la nube, permite a las administraciones tributarias recibir información de prácticamente todas las transacciones que ocurren en la economía.
Lo anterior, junto a la mayor capacidad de las herramientas de procesamiento, permite analizar mayores volúmenes de información, habilitando la posibilidad de determinar los impuestos y el monto de las obligaciones tributarias de los ciudadanos a partir de la información transaccional recibida y almacenada.
Por otra parte, con el blockchain se está demostrando efectividad en soluciones de monitorización y trazabilidad de procesos de producción, logística y registro de documentos o condiciones contractuales.
Finalmente, el organismo indica que algunas administraciones tributarias de la región, con el soporte de la facturación electrónica, obtención y procesamiento de datos, vienen trabajando en el rediseño de sus procesos para desarrollarlos en evidencias e indicios soportados por datos. «Están adoptando herramientas de analítica avanzada e inteligencia artificial».
La transformación digital de las administraciones tributarias resulta clave para alcanzar mayor eficiencia en la implementación de las normas tributarias y en el cumplimiento efectivo y voluntario por parte de los contribuyentes.
Con ello, la prestación de servicios digitales al contribuyente no solo mejora la eficiencia de las operaciones en todas las etapas del ciclo tributario, sino que, potencialmente, dependiendo del sistema tributario y el nivel ya existente de cumplimiento voluntario, contribuirá a una mejoría de los ingresos fiscales.
Sin embargo, la informalidad sigue siendo un fenómeno de difícil control. El comercio informal afecta la libre competencia y genera condiciones desventajosas para los contribuyentes que realizan sus actividades cumpliendo con sus obligaciones tributarias.
Los mismos actores en la economía informal enfrentan a su vez otras ineficiencias que restringen su crecimiento, incluyendo un mejor acceso a soluciones bancarizadas o al sistema de seguridad social, por citar dos ejemplos.
La problemática del comercio informal es amplia. Para enfrentarla se requiere diseñar e implementar un enfoque integral que considere acciones preventivas, estructurales y correctivas por parte de los organismos reguladores.
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