Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Debido al aumento en los costos salariales, se estima que en el escenario medio la reforma laboral podría reducir el empleo formal en aproximadamente 454.000 empleos.
Desde el Banco de la República se advierte que, por tamaño de empresa, las micro y pequeñas tendrían una mayor carga.
El Grupo de Análisis del Mercado Laboral del Banco de la República, en su informe Estabilidad en el mercado laboral y análisis cuantitativo de algunos impactos del proyecto de ley de reforma laboral, realiza una cuantificación del posible impacto que tendría el proyecto de reforma laboral en los costos laborales promedio de los asalariados.
Cabe recordar que la propuesta de reforma laboral presentada por el Gobierno nacional busca modificar las condiciones establecidas en la reforma de 2002, Ley 789 de 2002. Particularmente, se prioriza el contrato a término indefinido y se pretende disminuir la tercerización laboral, con el fin de favorecer la estabilidad laboral.
Como ya lo han dicho diversos analistas, la entidad indica que los resultados sugieren un incremento permanente en el costo laboral promedio como resultado de aumentos en los costos salariales y en las indemnizaciones. Por cuenta de los primeros, el incremento en el costo laboral promedio oscilaría entre 3,2 % y 10,7 %, mientras que por las segundas, el aumento estaría entre el 1,2 % y el 1,9 %:
Los incrementos son heterogéneos por sectores, siendo las más impactadas, en el escenario medio, las ramas de actividades profesionales, de servicios de recreación y esparcimiento, de hotelería y turismo y el comercio.
Adicionalmente, por tamaño de empresa, las micro y pequeñas tendrían una mayor carga. A partir de la cuantificación mencionada, se estima el impacto potencial de la reforma en el empleo formal.
Debido al aumento en los costos salariales, se estima que en el escenario medio la reforma podría reducir el empleo formal en alrededor de 454.000 empleos, equivalentes a una disminución del 2,1 % de la tasa de formalidad, en un lapso de entre tres y cuatro años.
Por otro lado, el aumento planteado en los costos de despido podría tener efectos más grandes, pero a plazos mayores, alrededor de dos décadas. Sin embargo, dichos efectos son realmente difíciles de cuantificar.
Estos resultados son compatibles con estudios basados en modelos de equilibrio general, que muestran que ambos aumentos en los costos laborales tienen implicaciones tanto sobre el empleo formal como sobre otros agregados macroeconómicos.
El artículo 17 de la reforma modifica el artículo 161 del CST y establece que la jornada laboral no debe superar las ocho horas diarias ni las 42 horas semanales, distribuidas en cinco o seis días a la semana, garantizando siempre un día de descanso.
Sobre este artículo, el informe indica que la reducción de la jornada semanal a 42 horas, por una sola vez, afectaría a 6,6 millones de asalariados que, en promedio a la semana laborasen una hora extra diurna en el horario de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. Teniendo en cuenta el recargo actual del 25 % por hora extra diurna, la cuantificación de este efecto llega a 1,3 billones de pesos.
El artículo 15 del proyecto establece:
No se podrán celebrar contratos de prestación de servicios ni cualquier tipo de contrato civil o mercantil con personas naturales para realizar actividades permanentes y subordinadas en empresas privadas.
Las personas que actualmente estén vinculadas a una empresa como contratistas, pero realicen una labor permanente, deberán ser contratadas directamente con un contrato a término indefinido.
Para calcular el costo estimado de contratación directa de los contratistas independientes se utiliza información de la Pila, en la que se puede observar el número total de personas que cotizan como independientes con contrato de prestación de servicios superior a un mes.
Sin embargo, explica el informe, no es posible identificar si dichas personas realizan actividades permanentes, que serían a quienes cobijaría el artículo 15, por lo que se supone que todos los contratistas están a cargo de actividades permanentes.
Adicionalmente, se supone que el sector económico que reporta el contratista es el mismo que el de la empresa para la que trabaja; de esta manera, se excluye a los contratistas que reportan haber cotizado a seguridad social por actividades del sector de administración pública, los cuales no están cobijados por este punto de la reforma.
Teniendo en cuenta lo anterior, alrededor de 661.000 contratistas independientes podrían ver afectados sus ingresos.
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