Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Renovemos y fortalezcamos la revisoría fiscal


Cuando por primera vez se habló del revisor fiscal, en la Ley 58 de 1931, las funciones que se le asignaban eran pocas y no muy bien definidas; si bien ya se quería tener a alguien que vigilara al máximo el funcionamiento de las pocas y grandes sociedades anónimas que existían en ese momento.

La concepción que se tenía de este revisor fiscal fue mejorando poco a poco hasta que en 1971, mediante el Código de Comercio, en sus artículos 203 al 217, se llegó a un completo marco legal del ejercicio de la revisoría fiscal, estableciendo que es una actividad permitida solamente a los contadores públicos.

Como lo dice el colega Samuel Alberto Mantilla en uno de sus escritos publicados en abril de 2012, a partir de la Ley 43 de 1990 los organismos de vigilancia y control del Estado se han dedicado a agregarle funciones. Aunque, en mi opinión y por lo que conocí y viví antes de 1990, ya desde años previos las superintendencias (en esa época denominadas de Sociedades Anónimas y Bancaria) le habían impuesto algunas nuevas responsabilidades a la revisoría fiscal. Lo mismo venía haciendo desde 1983 la entonces llamada Dirección de Impuestos Nacionales.

Actualmente nos encontramos con normas –en mi criterio, ilegales, la mayoría– que para los revisores fiscales han establecido las superintendencias de Sociedades, Financiera, de Salud, de Economía Solidaria y del Transporte –principalmente, amén de las que aparecen en el Estatuto Tributario, en el Estatuto Anticorrupción y en otros textos legales–. Normas que han incrementado de manera notable las responsabilidades de quienes ejercen la revisoría fiscal, pero nunca se han preocupado por dotarlos de adecuadas herramientas para su desempeño profesional ni de una remuneración digna y acorde con las altas calidades que se requieren de estos revisores fiscales.

La mayoría de los contadores públicos –demostrando un masoquismo inexplicable– permanecen impasibles cada vez que les asignan más responsabilidades, ante todo en el ejercicio de la revisoría fiscal. Pero no piensan en las dificultades adicionales que significan ni en cómo podrían cumplirlas o en cuánto debería incrementarse su remuneración para estar a la par con las nuevas responsabilidades.

De manera muy alegre, no todos, pero sí en un alto y no deseable porcentaje, firman –además, de los estados financieros y las declaraciones tributarias– cuanta certificación e informes les exijan, haciéndole un mal no solamente a los colegas que sí ejercen con ética la profesión, sino también al desarrollo y el bienestar socioeconómico del país.

Seguramente, por lo que acabo de escribir, me lloverán truenos y centellas, provenientes, ante todo, de algunos falsos seudolíderes (que lo único que han hecho es acabar con el gremio contable), y de ese alto porcentaje de colegas que no respetan la profesión. Pero les pido que se pongan la mano en el corazón, que respiren con calma y profundidad, y que piensen sinceramente si es o no es cierto lo que he acotado. En vez de rasgarse las vestiduras –como aquellos a los que se refiere el nazareno en los evangelios– participen activamente en darle salidas decorosas al ejercicio profesional.

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Hace algunos años yo era de los que defendía a ultranza la vieja revisoría fiscal y atacaba a quienes pretendían cambiarla. Pero las vivencias, el paso del tiempo y el análisis desapasionado me han llevado al convencimiento de que la revisoría fiscal, así como está reglamentada actualmente no funciona. Que solamente un superhombre es capaz de cumplir cabalmente y al máximo todas las responsabilidades que nuestra normativa le ha asignado. De sobremesa, la Dian y las superintendencias, en vez de darles respaldo institucional a los revisores fiscales, pretenden convertirlos en los chivos expiatorios por todas las fallas de los administradores de las empresas. A su vez, los propietarios y los gerentes de los entes económicos se niegan a reconocer el alto valor de la revisoría fiscal y buscan revisores fiscales cada día más baratos y sin los recursos humanos y materiales suficientes, para que no puedan cumplir con su función de vigilancia.

Si queremos ser realistas y sinceros, y vivir de acuerdo con las necesidades presentes y futuras, es indispensable que reinventemos la revisoría fiscal. Que disminuyamos la carga de responsabilidades que los revisores fiscales tienen actualmente en asuntos que no son propios de un contador público. Que sea un ejercicio profesional limitado a aquello para lo cual están debidamente preparados quienes se desempeñen como revisores fiscales. Que se les dote por mandato legal de herramientas adecuadas y de remuneración digna. Que el Estado respalde a los revisores fiscales y les dé garantías y herramientas para que puedan ejercer con eficiencia y ética. En síntesis, que se fortalezca la revisoría fiscal.

No pretendamos tapar el sol con un dedo. No nos mantengamos en la oscuridad. No nos aferremos al romanticismo de lo que pudo ser bueno hace 89 años. Esto está bien para la música y la poesía, pero no para la revisoría fiscal. Aceptemos que, si queremos sobrevivir y permitir que las nuevas generaciones sobrevivan profesionalmente, debemos ponernos a tono (sin necesidad de trasplantar o de copiar irresponsable y ciegamente) con el mundo moderno y con los Estándares Internacionales en lo que pueda ser digno y conveniente para Colombia. Pero solamente en lo que sea digno y conveniente.  Negarnos al cambio es suicidarnos.

CP. Carlos Humberto Sastoque M.
carsastoque@yahoo.com

Carlos Humberto Sastoque
Contador público, coautor de los libros Iniciación a las NIIF y Valor agregado de la revisoría Fiscal. Se ha ocupado en los siguientes cargos: asesor del Consejo Técnico de la Contaduría y de la Junta Central de Contadores, miembro de la Junta Central de Contadores, director ejecutivo del Colegio de Contadores Públicos de Colombia, vicepresidente técnico de la Confederación Iberoamericana de Contadores Públicos, director ejecutivo y secretario general de la Confederación de Asociaciones de Contadores Públicos de Colombia –Confecop–.
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