Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El jueves de la semana pasada, el presidente Santos firmó el Decreto 1092 de 2012, el cual reglamenta los procedimientos que corresponden a la naturaleza de la negociación colectiva y genera soluciones efectivas a las controversias con las organizaciones sindicales de los empleados públicos, con la finalidad de garantizar la igualdad de todos los trabajadores y funcionarios en el ejercicio de sus derechos tanto a nivel nacional como territorial.
El decreto, que cobija a los empleados públicos de todas las entidades y organismos del sector público, permite que los empleados públicos, a través de sus representantes, participen en la determinación de sus condiciones de empleo y de esa manera hacer efectivo el derecho a la negociación colectiva en el sector estatal.
Entidades públicas como gobernaciones, alcaldías, entidades de control, entidades administrativas, entre otras, también podrán negociar de manera conjunta por ciudad. «Por ejemplo, en una ciudad como Cali podría hacerse de manera unificada si así se prefiere», dice el viceministro de Relacionales Laborales, David Luna en la página del Ministerio de Trabajo.
Adicionalmente, este decreto permite que las negociaciones entre las entidades oficiales y los servidores públicos puedan contar con una segunda instancia en caso de no ponerse de acuerdo. «Este recurso será encabezado por un mediador elegido de una lista construida por el Ministerio del Trabajo y que en un término no mayor a 10 días podrá proponer fórmulas de arreglo para que puedan llegar a feliz término en su negociación», agregó Luna.
Con esta decisión, el Gobierno promueve el libre derecho de la asociación sindical y la igualdad de derechos de los trabajadores, un propósito de Gobierno y un compromiso de Colombia ante la OIT.
El Gobierno tuvo en cuenta algunas sentencias de la Corte Constitucional, como la 1234 de 2005, en la que se afirma que no puede existir una negociación plena para los empleados públicos. Por eso los asuntos que excedan el campo laboral, como la estructura organizacional, las plantas de personal, los procedimientos administrativos, la carrera administrativa, el régimen disciplinario y aspectos prestacionales, no pueden ser objeto de negociación. Sin embargo, es claro en que los trabajadores podrán negociar los asuntos salariales, un tema hasta ahora imposible de incluir en las convenciones colectivas de empleados públicos.
Se aplicará a los empleados públicos de todas las entidades y organismos del sector público, con excepción de los empleados de alto nivel que ejerzan empleos de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas y directrices.
El decreto no se aplicará al personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
+ La Organización Sindical que agrupe empleados públicos deberá estar inscrita y vigente en el registro sindical del Ministerio del Trabajo.
+ Las solicitudes deberán ser adoptadas por la Asamblea General de la correspondiente organización sindical.
+ La entidad pública empleadora tendrá en cuenta la obtención de la disponibilidad presupuestal en los eventos en que se genere gasto en asuntos susceptibles de negociación.
+ Los pliegos de solicitudes deberán presentarse en el primer trimestre de cada año calendario.
Paralelamente a la firma del decreto y con el propósito de exigirle al Estado colombiano el respeto, garantías, promoción y protección de los derechos humanos de los integrantes de las organizaciones sindicales, la senadora Gloría Inés Ramírez del Polo Democrático, realizó la Instalación del Tribunal Mundial de Libertad Sindical- Colombia.
Ramírez expresó que Colombia, desde el punto de vista internacional, es el país más peligroso del mundo para ejercer la actividad sindical, «más de tres mil sindicalistas asesinados y un gran número amenazados, desaparecidos, desplazados; víctimas de la persecución. Todos los derechos de la actividad sindical son violados por el Gobierno y los patronos, de 22 millones de trabajadores activos sólo están sindicalizados el 4%, en la actualidad se desarrollan muchos conflictos, no hay igualdad salarial el sector energético, educativo, el de la salud, el agrícola a todos ellos se les violan sus derechos laborales», dijo en la página del Senado.
De igual manera dijo que la intermediación laboral y el sistema de contratación laboral, hacen que los trabajadores con garantías laborales, sean cada vez más pocos. Aseguró que a los trabajadores se les niega el derecho la asociación colectiva, violándole el derecho a la sindicalización.
Dijo que en Colombia se han cometido muchos crímenes contra los sindicalistas, «mientras que el Gobierno hace alarde de su política económica y los empresarios se congratulan por las altas tasas de sus intereses y sus buenas ganancias, en el país se tiene el desempleo más alto de américa latina».
En el mismo Tribunal, el senador Alexander López afirmó que en Colombia la situación laboral es muy crítica, donde el Estado viola los derechos de los trabajadores, donde se destaca la actividad informal y los salarios indignos, sin ningún tipo de seguridad social.
López ha dicho que hay que rechazar el TLC porque se oculta la violación de los derechos humanos en Colombia. La senadora Ramírez también le bajó el dedo al Tratado al decir que la situación laboral se hará crítica porque se presentará abaratamiento de la mano de obra y el desmejoramiento de las condiciones laborales.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
