Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
¿Llegará el final del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional? Se sugiere (como ideas que la Misión de Observación Electoral expuso para que las campañas políticas tengan algo de limpieza) crear un modelo de financiamiento mixto y que el gobierno provea la mayoría de los recursos.
El pasado viernes 24 de marzo, el presidente Juan Manuel Santos propuso la creación de una unidad para el control de la financiación de las campañas electorales, similar a la Unidad de Información y Análisis Financiero, en adelante –UIAF–. Lo que se busca es implementar “un control, una especie de UIAF electoral para “hacerle seguimiento a los gastos que en todas las campañas se generan de la llamada triangulación”.
Santos, también dio su visto bueno sobre la financiación total de las campañas por parte del Estado “Vengo hace rato proponiendo que cualquiera que sea el sistema, así sea ciento por ciento estatal, y podríamos de pronto probar el ciento por ciento estatal por uno o dos periodos”.
Ernesto Matallana, abogado especializado en derecho público y profesor de la Universidad Externado de Colombia, afirma en El País que junto con la financiación por parte del Estado se debe controlar la compra de votos: “Debe haber el financiamiento estatal, pero, además, con un control de compra de votos, porque de nada me sirve que se prohíba el financiamiento privado si yo recibo plata por debajo de la mesa y con eso compro votos”
Como respuesta al punto de vista del presidente Santos, la Misión Electoral Especial propuso la creación de una Corte Electoral, una Comisión Electoral, la elección de 200 representantes y la financiación mixta de las campañas.
Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral –MOE– dijo en El Colombiano que: “Al momento político que está viviendo el país favorece mucho una propuesta de este estilo, ya que, si bien no es algo nuevo, lo que importa es el contexto y la coyuntura actual en la que nos encontramos. En Colombia hay un deseo de apertura democrática y de mayores controles, hay un deseo de reformar nuestro sistema político”.
La Misión ha propuesto la creación de dos instituciones: el Consejo Electoral Colombiano –CEC–, el cual asumiría funciones técnicas y de planificación, con presencia territorial y estaría presidido por una directiva de cinco miembros de origen no partidista y la Corte Electoral –CE–, encargada de toda la jurisdicción electoral e integrada a la estructura de la rama del poder público, pero con autonomía. Esta Corte define la separación definitiva del cargo, la pérdida de la investidura y la pérdida del cargo a quienes fueron elegidos por voto popular. Si estas dos instituciones fueran aprobadas, tanto el Consejo Nacional Electoral como la Registraduría dejarían de existir.
La MOE también propuso una simplificación del sistema de partidos, con una significativa reducción de los costos de campaña, los cuales deberán ser asumidos por el partido y no por el candidato. Del mismo modo, se busca que las candidaturas y los puestos de lista sean definidos por los partidos mediante procesos democráticos internos más un aumento en la cuota de género.
Sobre el financiamiento de la política, congresovisible.org publica que se sugiere crear un modelo de financiamiento mixto y que el gobierno provea la mayoría de los recursos. En época electoral el aporte del estado a los partidos se dividiría en dos etapas: 50% como anticipo y 50% de acuerdo a los resultados de la elección.
El financiamiento estatal tendrá mecanismos indirectos. Podrá, por ejemplo, dar recursos para pautar en medios de comunicación y transporte público en las jornadas electorales. La MOE visualiza la necesidad de un control más efectivo de las rendiciones de cuenta y los rubros de gasto de las campañas electorales. Además, se debe garantizar la igualdad de recursos de los partidos pequeños y grandes.
Según la MOE, los gastos que no están bajo control tienen que ver con las donaciones que le llegan al candidato. Es así como durante la campaña electoral del año 2014 para el Congreso, todos los candidatos se gastaron $196 mil millones y de ese dinero solo el 8% correspondió a anticipos y el 12% a créditos bancarios, mientras el 80% solo fueron donaciones y créditos personales.
“En el caso de la Presidencia, los candidatos gastaron $66 mil millones en la campaña de primera vuelta y casi $19 mil millones en la de segunda vuelta en 2014 (…) De ellos, el 45% fueron cubiertos por anticipos del Estado, que fueron solicitados por cuatro de los cinco candidatos. En la segunda vuelta ninguno de los dos candidatos usó financiación estatal”
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
