Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El próximo 30 de octubre los colombianos estaremos eligiendo a nuestros futuros representantes en Alcaldías, Asambleas, Gobernaciones, Concejo y Juntas Administradoras Locales. Y al margen de los ataques guerrilleros y posibles atentados terroristas, pues más de un candidato debe estar moviendo su chequera para salirse con la suya. Estrategías políticas para llegar al poder.
Desde abril de este año la Registraduría detectó un elevado aumento de inscripción de cédulas en 67 municipios del país. Por otra parte, el Consejo Nacional Electoral se pilló 465.000 cédulas falsas; 100.000 más que el año pasado.
Como lo expresa en Semana, el registrador Carlos Ariel Sánchez, el aumento de votantes coincide con corredores del narcotráfico o municipios que reciben regalías. Aquí se puede nombrar a Jamundí, Sogamoso, La Jagua de Ibirico y Castilla la Nueva. En este último, en el 2007 la gente vio que empezaron a llegar buses con personas de otros municipios y sabotearon las elecciones. Este año, el CNE inhabilitó más del 92% de las cédulas inscritas allí.
¿Compra de jurados? Es una pregunta que siempre ronda en plena época electoral. Recientemente el Registrador Nacional, prendió la alerta por la posible compra de jurados en municipios de seis departamentos y ordenó cambiarlos.
Y para la muestra un botón. Resulta que en Soledad, Atlántico, un restaurante dijo tener disque 154 empleados, pero la entidad constató que solo laboraban dos personas. El mismo fenómeno se dio en un jardín infantil en el que se inscribieron cuarenta para ser jurados, pero al ir a comprobar solo aparecían tres empleados.
En este aparte bien vale la pena recordar que el cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación y los jurados que no asistan a prestar su servicio serán sancionados con multas equivalentes a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir $5.356.000 pesos, o la destitución del cargo si son funcionarios públicos.
Primero que todo hay que decir que es un delito que consiste en obligar al elector a votar por alguien. En 2007, por ejemplo, se presentaron 92 denuncias. En Cesar, la disputa por la Gobernación es entre Luis Alberto Monsalvo Gnecco y Arturo Calderón. Calderón fue el secretario de Salud del exgobernador Hernando Molina, preso por parapolítica, y Monsalvo es sobrino del exgobernador Lucas Gnecco, condenado por constreñimiento al elector, y de Jorge Gnecco, asesinado, uno de los promotores del paramilitarismo en Cesar.
Para la Misión de Observación Electoral existen precarias sanciones en contra de los delitos electorales ya que hay un bajo número de resoluciones de acusación en contra de las personas que cometen delitos electorales.
Desde el año 2002 hasta el 2008 en Colombia solamente se han puesto un total de 6.024 denuncias, número bajo de denuncias cuando la contienda electoral se ve empañada en medio de informaciones de trashumancia electoral, constreñimiento al elector, amenazas a candidatos y atentados.
“Desde 2002 hasta 2008 se presentaron 5.579 denuncias por delitos electorales. De los cuales solo hay 64 resoluciones de acusación y 26 condenas”, palabras de Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE) en El Universal.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
