Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Para Transparencia por Colombia hay que avanzar en una reforma política de fondo con medidas efectivas de transparencia en el financiamiento de campañas.
Existe la necesidad de proteger a los denunciantes de actos de corrupción, tanto para casos de soborno trasnacional como a nivel nacional.
Más de dos tercios de los países muestran signos de estancamiento o de retrocesos en sus esfuerzos anticorrupción, según el Índice de Percepción de la Corrupción -IPC- 2019, publicado el 23 de enero de 2020 por Transparencia Internacional. Con una calificación de 37 puntos sobre 100, siendo 0 corrupción muy elevada y 100 ausencia de corrupción, el país hace parte de ese grupo de naciones.
Colombia obtuvo esta calificación a partir de datos proporcionados por ocho fuentes que miden los niveles percibidos de corrupción en el sector público, según la opinión de analistas, académicos e inversionistas internacionales y nacionales, en aspectos como:
En esta edición, Colombia se ubica en el puesto 96 entre los 180 países evaluados, mejorando tres puestos en comparación con el año anterior, pero sin lograr una variación significativa del puntaje que se mantiene entre 36 y 37 sobre 100, desde el año 2012.
Entre los países de América Latina, Colombia se ubica por debajo de Uruguay (71 puntos), Chile (67), Argentina (45) y Ecuador (38). Los países que obtuvieron puntajes más bajos que Colombia son Perú (36), Brasil (35), Paraguay (28) y Venezuela (16) que se ubica en el último lugar de la medición entre los países de la región.
Ante esta preocupante situación, ¿cómo se puede salir del estancamiento en el que se ve Colombia?
Es necesario abordar los ámbitos que son objeto de medición por el Índice de Percepción de Corrupción. Primero, se debe continuar con los esfuerzos encaminados a eliminar los sobornos y otras irregularidades en la relación entre ciudadanos y empresarios con entidades públicas.
Según recomendaciones de Transparencia por Colombia y la OCDE existe la necesidad de proporcionar protección a denunciantes de actos de corrupción, tanto para los casos de soborno trasnacional como a nivel nacional.
Segundo, la percepción de corrupción es fuertemente afectada cuando no se sancionan de manera efectiva situaciones de abuso de poder y desviación de recursos públicos.
En el último año la opinión pública ha conocido información sobre irregularidades en el Ejército, que se suman a casos de gran corrupción de años recientes en la justicia y sectores que cuentan con altos niveles de inversión pública, como salud, educación e infraestructura. No es suficiente solo el anuncio de investigaciones ante estas graves irregularidades.
Tercero, abordar de forma más decidida la corrupción política. Llama la atención que los países que obtuvieron un buen desempeño en el Índice de Percepción de Corrupción 2019 tienen una aplicación más estricta de las regulaciones del financiamiento de campañas, mientras que los países donde las regulaciones no existen o se cumplen deficientemente tienen una media de 34 y 35, respectivamente, puntuación cercana a la obtenida por Colombia.
Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, ha dicho que:
“debemos avanzar en una reforma política de fondo que incluya medidas más efectivas de transparencia en el financiamiento de campañas y partidos, mensaje que ha sido transmitido desde distintas instancias en la Conversación Nacional abierta por el presidente Iván Duque”.
Otras medidas necesarias para la transparencia en la política están asociadas a la gestión de conflictos de interés y las puertas giratorias, además de la regulación de las actividades de lobby.
Igualmente, al comparar los resultados del IPC 2019 con otros factores relevantes para la lucha contra la corrupción, se identifica que los países con procesos de consulta amplios y transparentes tienen una media de 61 puntos en este índice. Por el contrario, cuando existe poca o ninguna consulta, la puntuación media es de solo 32.
Frente a este conflicto, Andrés Hernández agrega:
“Las movilizaciones ciudadanas que vivimos desde noviembre reclaman procesos de participación más amplios y efectivos, junto con resultados concretos de lucha contra la corrupción. Este es un llamado al Estado en su conjunto: Gobierno, Congreso, Justicia, Órganos de Control. Todos los esfuerzos anticorrupción deben buscar el fortalecimiento de la democracia y no el debilitamiento de sus instituciones”.
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