Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
El lavado de activos es una modalidad usada por organizaciones criminales que buscan dar apariencia de legalidad a los recursos que obtienen de las actividades ilícitas. Por su parte, la financiación del terrorismo corresponde al apoyo financiero a aquellos que planean, fomentan o ejecutan actos de esta naturaleza.
En cumplimiento de su política de supervisión por riesgos, la Superintendencia de Sociedades ha identificado que una de las eventualidades a las que están expuestas las empresas sujetas a su inspección, vigilancia y control, es la probabilidad de incurrir en actividades de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. Por tanto, es necesario que los empresarios conozcan la información relevante en aras de fomentar la prevención de estos fenómenos delictivos que generan consecuencias negativas para la economía del país y para las empresas del sector real.
El lavado de activos y la financiación del terrorismo acarrea responsabilidades sobre las personas implicadas o, por lo menos, aquellas responsables de dichas acciones de la organización. En consecuencia, los asociados, administradores, el revisor fiscal y los empleados o trabajadores de la compañía que resulten involucrados en cualquiera de las conductas que tipifican este delito, pueden verse sometidos a investigaciones y sanciones administrativas, civiles y penales, conforme a la jurisprudencia vigente.
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