Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Asobancaria anticipa el aumento de delitos financieros y estafas, captación de recursos del público bajo el engaño de inversiones fraudulentas.
Se prevé un aumento en los delitos relacionados con corrupción por el incremento en el gasto que realizan los Estados para atender las necesidades.
En su informe semanal Banca & Economía, titulado COVID-19 y los riesgos asociados al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, publicado por Asobancaria, se indica que en el marco de la coyuntura del COVID-19, es imperativo comprender los riesgos emergentes en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo -LA/FT- derivados de la situación sanitaria mundial, fortalecer la gestión de estos riesgos en las entidades y evitar que las organizaciones criminales tengan mayores facilidades para incurrir en actividades delictivas.
Es necesario entonces que supervisores, reguladores, entidades financieras y demás actores involucrados, diseñen mecanismos para identificar con gran velocidad nuevas tipologías del delito, a la vez que implementan herramientas efectivas contra su materialización.
Estos son los posibles riesgos emergentes que enumera la entidad y las respectivas medidas para su mitigación.
Se anticipa el aumento de delitos financieros y estafas, la captación de recursos del público bajo el engaño de inversiones fraudulentas y el tráfico de medicamentos e insumos falsificados o a precios mayores al usual.
Para hacerle frente a lo anterior se debe mantener un constante contacto y comunicación con reguladores, supervisores y otras autoridades competentes para lograr un mayor acompañamiento y asistencia en el fortalecimiento de los sistemas de administración de riesgos de LA/FT para el sector privado, así como una constante actualización sobre nuevas tipologías y riesgos observados, junto con las medidas para mitigarlos de manera estratégica y en función de su nivel de riesgo.
«Ante el aumento sustancial de las operaciones remotas o no presenciales, se hace evidente una mayor exposición a la materialización de delitos cibernéticos», indica la entidad. Esto no solo implica un riesgo para los clientes al exponerse al robo de su información financiera a través de llamadas telefónicas y sitios web suplantados, sino también para los sujetos obligados al verse enfrentados a la compleja decisión de realizar aprobaciones virtuales con gran rapidez ante la posibilidad de perder clientes.
Fomentar el uso responsable de servicios digitales financieros y no financieros, guardando un balance entre el acceso a dichos servicios y las medidas de prevención de los riesgos de LA/FT. Para esto, se considera deseable fomentar el uso de la identidad digital, según corresponda, para procurar un mayor y mejor monitoreo y transparencia en las transacciones financieras, sobre todo de orden internacional, procurando implementar las medidas ALA/CFT con un Enfoque Basado en Riesgos.
Para Asobancaria se prevé un posible aumento en los delitos relacionados con corrupción debido al aumento en el gasto que están realizando los Estados para atender las necesidades económicas y sociales.
«Lo anterior, dado que, ante la coyuntura y los estados de emergencia decretados alrededor de la región, los Gobiernos se ven en la obligación de actuar con celeridad por la necesidad y urgencia que supone la situación, destinando grandes sumas de dinero para la adquisición de insumos para el sector salud a través de procedimientos de compra flexibilizados que suponen un mayor riesgo de corrupción», afirma la entidad.
Se debe fortalecer la cooperación internacional entre autoridades competentes, particularmente a través de mecanismos ágiles y expeditos, con el objeto de compartir buenas prácticas aplicadas en el marco de esta crisis, información sobre amenazas emergentes, vulnerabilidades y medidas efectivas para contrarrestarlas.
Adicionalmente, las entidades deben reforzar sus controles para hacer una identificación efectiva de los beneficiarios finales detrás de las operaciones a fin de asegurar que estas sean legítimas y trasparentes.
Se anticipa una reducción en el volumen y calidad de los Reportes de Operación Sospechosa –ROS– transmitidos a las Unidades de Inteligencia Financiera –UIF– y demás órganos de control, debido a las complicaciones en el acceso y obtención de información requerida para el análisis de estas transacciones por la imposibilidad de trasladarse a las sucursales físicas de las entidades donde está alojada esta información.
Se debe mantener una comunicación constante y abierta con todos los órganos de control y UIF para compartir nuevas tendencias, riesgos identificados, y acordar herramientas para su mitigación.
Adicionalmente, se debe informar a estas entidades de cualquier dificultad que las entidades presenten para el análisis de transacciones y operaciones, así como fortalecer y agudizar los procesos de identificación de operaciones sospechosas con el uso de herramientas digitales.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
