Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
* Foto: www.eltiempo.com
Rosario Córdoba Garcés, presidenta del Consejo de Competitividad, destaca de la reforma tributaria estructural el plan de obras por impuestos para las zonas de mayor abandono durante el conflicto armado, así como los beneficios tributarios para inversiones en ciencia, tecnología e innovación.
Rosario Córdoba Garcés, presidenta del Consejo de Competitividad y quien hizo parte de la Comisión de Expertos que analizó la reforma tributaria estructural, dice que las críticas a la misma tienen mucho eco, pero que se ha habla poco de sus incentivos para el desarrollo de diversas actividades empresariales y para la inversión.
«Lo cierto es que, cuando los incentivos están bien alineados y tienen objetivos claros, funcionan muy bien. Es el caso de la reducción de los parafiscales para las compañías que presentó la reforma tributaria del 2012. El impacto de esta medida fue tal que se reflejó en la creación de más de dos millones de empleos formales», recuerda Córdoba Garcés.
Otro caso exitoso, desde su punto de vista, es el de los beneficios tributarios para inversiones en ciencia, tecnología e innovación; al respecto aseguró que:
«Aunque al principio hubo problemas en su implementación y fueron poco utilizados por las empresas, debido a su diseño complejo, hoy cuentan con un marco legal que mantiene alineadas las inversiones en innovación con la rentabilidad empresarial, dando confianza al sector productivo»
Gracias a lo anterior, el año pasado se presentó un número récord de proyectos y empresas aplicantes, y se logró la meta de utilizar el cupo completo. Además, accedieron organizaciones de distintos tamaños y sectores de la economía, lo que se traduce en importantes beneficios en materia de innovación, productividad y competitividad.
Córdoba Garcés destaca el instrumento establecido por esta reforma tributaria conocido como obras por impuestos, el cual ha sido un éxito en Perú, especialmente en la construcción de infraestructura en las zonas de influencia de las empresas.
«Gracias a este, las empresas destinan una porción del monto que pagarían en impuestos en el desarrollo de infraestructura pública en las zonas de mayor abandono durante el conflicto armado. Los proyectos que se podrán financiar son los que queden definidos en un banco de proyectos por la Agencia para Renovación del Territorio», explica la funcionaria.
Según lo dicho por Córdoba este mecanismo genera muchas interrogantes y pocos incentivos para el sector privado, porque no se enmarca en una estrategia integral de desarrollo económico y social para las zonas más afectadas por el conflicto armado.
«Si una empresa no percibe el potencial de desarrollo socioeconómico de una zona, no tendrá acceso a mercados y tampoco a una cadena de valor, difícilmente invertirá recursos y esfuerzos en construir una obra pública, pues siempre tendrá alternativas de inversión más rentables», recalca.
La presidenta del Consejo de Competitividad expresa que la reforma tributaria se alejó de la propuesta presentada por la Comisión de Expertos en el ítem de fortalecer a la DIAN y finalmente no es muy ambiciosa como originalmente se había pensado.
“La Comisión tenía una propuesta muy específica respecto a la DIAN y la administración tributaria, mientras que la propuesta del Gobierno fue mucho menos ambiciosa. Algo notable es que sí se propuso una penalización por evasión y esto se diferencia de lo que se había contemplado en la Comisión”, recalca Córdoba Garcés.
Para esta economista, es urgente y necesario para Colombia la modernización de la entidad ya que se requiere tener una administración tributaria mucho más fuerte si se quieren reducir los niveles de evasión. «La DIAN es la entidad más importante del país, en el sentido que es la que recauda los impuestos, entonces también debería ser la más fuerte y contar con el personal, la tecnología y las competencias suficientes para hacerlo”, finaliza.
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