Justicia virtual


No cabe duda de que desde el año 2020, cuando se decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el país a causa de la pandemia del COVID-19, muchos profesionales han tenido que enfrentar nuevos retos tanto en el ámbito laboral como económico, y esto ha generado que el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación –TIC– se haya incrementado considerablemente, convirtiéndose en un avance significativo en la realización de diversas actividades profesionales.

Un ejemplo de ello ha sido la implementación de la virtualidad en el ámbito judicial, la cual se llevó a cabo por medio de lo plasmado en el Decreto 806 de 2020, el cual, en el mes de junio de 2022, cumpliría dos años desde su expedición, lo que significa que perdería su vigencia.

La implementación de la justicia digital en Colombia ha permitido que los abogados podamos tener una mayor eficiencia en el desarrollo de los procesos judiciales, pues muchos hemos logrado ahorrar tiempo y dinero, ya que las demandas pueden interponerse por los medios virtuales y en muchos casos no debemos desplazarnos a los juzgados para radicar memoriales o para ir a audiencias.

Adicionalmente, la justicia virtual ha permitido el ahorro de papel, lo cual permite que los procesos judiciales que, inevitablemente, poseen muchos folios, no necesiten imprimirse y con ello no sean necesarias las copias de los mismos en físico; es decir, la virtualidad ha traído un ahorro de tiempo y un alivio económico a la vida de muchos profesionales del derecho, e implícitamente con esto se ha protegido el medio ambiente, pues el ahorro de papel desde la implementación del Decreto 806 de 2020 hasta la fecha ha sido impresionante.

Sé que para muchos colegas ha sido un verdadero reto la implementación de la virtualidad, especialmente al momento de las audiencias, pero lo cierto es que los beneficios han sido significativos, no solo para los abogados sino para toda la rama judicial y, por supuesto, para los ciudadanos, pues incluso las tutelas se pueden interponer a través de medios virtuales.

Por otra parte, es importante indicar que actualmente en el Congreso de la Republica se encuentran radicados los proyectos de ley 323, 324, 325 y 328 de 2022, los cuales tienen en común la vigencia de la justicia virtual de forma permanente en el sistema judicial, que las audiencias sean de forma virtual y que la excepción sea la presencialidad en aquellos casos en los que los sujetos procesales o la autoridad judicial no cuenten con los medios tecnológicos.

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Si se llega a implementar la justicia digital de forma permanente, esto podría traer consigo una transformación del sistema judicial en Colombia, lo cual va a permitir que tanto abogados como la ciudadanía en general estén informados de los procesos judiciales sin importar en qué lugar se encuentren; así mismo, podría generar mayor igualdad entre las partes del proceso.

Sin embargo, el Decreto 806 de 2020 pierde su vigencia en junio del presente año y no hay certeza sobre si los proyectos de ley mencionados anteriormente van a obtener el apoyo de la mayoría de los miembros del Congreso para que sean aprobados y posteriormente sancionados por el presidente de la República.

En consecuencia, la justicia virtual ha traído un gran progreso al sistema judicial de Colombia y si no se implementa de forma permanente, posiblemente puede generar un retroceso y demoras significativas en el desarrollo de los procesos judiciales, pero claramente la transformación digital de la justicia tiene que estar acompañada de una eliminación drástica de la brecha tecnológica en muchos sitios geográficos del país.

Lizeth Mayerli Navarro Contreras
Abogada
Twitter:@Lizeth7navarro

Lizeth Mayerli Navarro Contreras
Abogada egresada de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Litigante y asesora jurídica en algunas entidades privadas. Como columnista, a través de sus opiniones y escritos, quiere transmitir un punto de vista transparente, imparcial y objetivo, sobre las diferentes temáticas de interés nacional e internacional.
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