Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Pasan los años, pasan los gobiernos, cambia el siglo, se irá la guerra, vendrá otro siglo, y Colombia seguirá haciendo reformas tributarias cada cuatro años para financiar los faltantes en el presupuesto del siguiente cuatrienio.
Con esto se buscará cumplir las promesas de la campaña política, satisfacer al insaciable clientelismo y a la economía de la corrupción porque esta, al volverse permanente, sistémica y creciente, se convierte en una economía con sus reglas de juego, instrumentos, estrategas, encadenamientos y plan de inversiones, igual que el narcotráfico, el lavado de activos, el contrabando o la delincuencia criminal organizada.
Entonces, no puede haber reforma tributaria estructural porque el país no tiene proyecto de futuro, sino planes de gobierno, aunque sí tiene economías escondidas para las cuales la DIAN no existe.
La escasa tributación (18 por ciento del PIB frente al 37 y el 39 por ciento en Brasil y Chile, y más del 50 por ciento en países desarrollados) se debe a anomalías institucionales que se han consolidado porque hacen parte de los circuitos de elusión, y no solo a problemas de gestión en el recaudo, que también existen.
De esta manera, las “reformas” tributarias son de corto alcance, hechas a la carrera para resolver el problema de caja del día siguiente, y recurren a las únicas fuentes seguras e inmediatas: los asalariados y los grandes capitales empresariales formales, porque los pequeños son evasores naturales y la economía informal solo está en el sistema tributario a través del IVA. Entonces la progresividad es defectuosa y limitada a unos pocos y, en consecuencia, tampoco hay equidad tributaria.
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