La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Supersalud intervenir a la EPS Coomeva y adelantar acciones que garanticen la prestación del servicio a cerca de 2 millones de usuarios que podrían estar en riesgo.
Esta EPS tiene una deuda de 2,2 billones de pesos, por lo que algunas IPS no prestan los servicios de salud a la población afiliada, lo que ha causado que se realicen pagos anticipados, con tarifas plenas superiores a las pactadas en los acuerdos contractuales, para poder cumplirle a los usuarios.
Así mismo, el ente de control advirtió que durante los primeros siete meses del año se han registrado 42.702 quejas, un promedio de 6.100 por mes, las cuales en su mayoría se relacionan con barreras de acceso para la atención de enfermedades de alto costo, falta de oportunidad y continuidad en procesos de atención en salud, realización de exámenes de apoyo diagnóstico, citas médicas de control con especialista y entrega de insumos y medicamentos.