Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La Ley de financiamiento, con la cual el Gobierno del presidente Iván Duque buscó solucionar parte del presupuesto nacional para el 2019, así como hacer cambios en materia tributaria, fue tumbada por la Corte Constitucional. Este sería el escenario al cual nos expondríamos los colombianos.
Luego de analizar las demandas contra la Ley de financiamiento 1943 de 2018, la Corte consideró que esta era inconstitucional por vicios de trámite. Sin embargo, la inexequibilidad de la ley tendrá efecto diferido. Así, la norma seguirá vigente hasta el 31 de diciembre, dando tiempo para que el Gobierno presente un plan B antes de finalizar el año.
«La declaratoria de inexequibilidad surtirá efectos a partir del primero 1 de enero de dos mil veinte (2020), a fin de que el Congreso, dentro de la potestad de configuración que le es propia, expida el régimen que ratifique, derogue, modifique o subrogue los contenidos de la ley», indica un comunicado de la Corte Constitucional.
El tribunal fue claro en explicar que, si para el 31 de diciembre no se ha promulgado y publicado una nueva ley, entrarán a regir a partir del 1 de enero de 2020 aquellas normas que habían sido derogadas o modificadas por la Ley de financiamiento.
Los demandantes pedían que fuera eliminada por problemas de trámite, en los que habría vicios de forma.
Por todo lo anterior, en Actualícese atendimos a primera hora varias de las dudas que surgieron en el gremio contable con la noticia en cuestión. En el siguiente video podrás ver las respuestas otorgadas por Diego Guevara Madrid, nuestro líder de investigación tributaria.
Desde el punto de vista de la Andi, la decisión es una catástrofe para la economía nacional. El gremio de los empresarios envió un análisis sobre los efectos fiscales en términos de recaudo. El recaudo tributario en 2020 caería 1,6 billones frente a lo previsto en las cuentas fiscales, lo que dejaría un recaudo de 156,9 billones de pesos en lugar de 158,5 billones. Lo anterior implica que sería equivalente al 14,1 % del PIB en 2020, en vez del 14,2 %.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, ha expresado que se podrían llegar a perder hasta 10 billones de pesos durante los próximos 10 años, sin tener en cuenta los beneficios que se pudieran derivar de un mayor crecimiento en la economía, que además se traduciría en mayores impuestos de renta o relacionados con la actividad económica.
Para Fedesarrollo, por su parte, la declaratoria de inexequibilidad conllevaría un mayor recaudo tributario. Sin embargo, “esas eventuales ganancias en términos tributarios se perderían en vía de un menor crecimiento económico”, aseguró Luis Fernando Mejía, director de la entidad. Para él, tumbar la ley es sinónimo de observar una caída de 0,8 puntos durante los próximos tres años en lo que respecta al crecimiento del PIB.
Para Anif, el Gobierno deberá presentar otra reforma tributaria el próximo año para extender el cobro del IVA a un 19 % en bienes que hoy tienen tasas preferenciales, e incluso le recomienda privatizar activos como Ecopetrol o ISA, y así recaudar unos 10 billones de pesos para poder apuntalar los programas de infraestructura del país.
Juan Manrique, asesor tributario del Observatorio fiscal de la Universidad Javeriana, explica en Actualícese que el hecho de que la Corte Constitucional haya aceptado la demanda contra la Ley de financiamiento deja sin efecto a todas las modificaciones que esta introdujo y el país volvería al régimen tributario que existía antes.
“Los cambios que se hicieron en el impuesto de renta, muchas deducciones a los grandes inversionistas y a la economía naranja, por ejemplo, quedarían sin efecto”, anuncia.
Sin embargo, según el experto, al ser una demanda sobre la forma en la que se hizo el trámite, y no sobre el fondo de la ley, el Gobierno podría presentar de nuevo el texto para surtir bien el proceso. En este caso tendría que formular desde cero el proyecto de ley, lo que tardaría alrededor de seis (6) meses, cumpliendo con los pasos señalados.
Gustavo Cote, exdirector de la Dian dice en Actualícese que los decretos reglamentarios que se han dictado alrededor de las normas de la Ley de financiamiento perderán vigencia por el fenómeno de su “decaimiento”, pues al perder existencia jurídica la norma reglamentada desaparece su principal fundamento y, por lo tanto, también deja de regir.
“Ante un escenario de inexequibilidad parcial o total, no debe perderse de vista que, con el ánimo de evitar una situación de crisis fiscal, es probable que la Corte Constitucional module sus efectos y conceda un plazo para que el Gobierno y el Congreso de la República puedan tomar las medidas respectivas, o que el Gobierno acuda a la figura del incidente fiscal con el mismo propósito”, opina Myriam Gutiérrez, socia de impuestos y servicios legales de KPMG en entrevista con Actualícese.
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