7.1.3 SENTENCIAS
- Sentencia C-087 de febrero 27 de 2019 - Corte Constitucional
Por medio de esta sentencia, la Corte Constitucional declaró inexequible de forma condicionada la norma contenida en el último inciso del numeral 5 del artículo 290 del ET. Como resultado de lo anterior, se establece que todas las pérdidas de renta y CREE de 2016 hacia atrás se podrán reajustar fiscalmente antes de aplicar la fórmula dispuesta en dicho numeral.
De allí que los únicos reajustes fiscales que no podrán ser aplicados son los correspondientes a los ejercicios 2017 y siguientes.
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- Sentencia C-481 de octubre 16 de 2019 - Corte Constitucional
A través de esta sentencia fue declarado como inexequible el contenido de la Ley 1943 de 2018 a partir de enero 1 de 2020.
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- Sentencia C-161 de mayo 27 de 2021 - Corte Constitucional
Mediante esta sentencia se declara inconstitucional que la exención tributaria para el desarrollo del campo colombiano se circunscribiera a las sociedades constituidas después de la vigencia de la Ley 1943 de 2018.
La Corte explicó que el trato tributario diferenciado entre las sociedades cuyo objeto es el desarrollo de ciertas actividades agropecuarias expresamente previstas en la ley, dividiéndolas según la fecha de su constitución (antes o después del 28 de diciembre de 2018 como fecha de entrada en vigor de la Ley 1943 de 2018) no se ajustaba a la carta política.
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- Sentencia C-276 de agosto 19 de 2021 - Corte Constitucional
A través de esta sentencia se declaró la inexequibilidad del artículo 193 de la Ley 1955 de 2019, lo cual deja sin efectos la aplicación del piso de protección social y las disposiciones que lo regulan, como el Decreto 1174 de 2020. Los efectos de esta decisión no son inmediatos, la Corte estableció que regirán a partir del año 2023.
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- Sentencia 26676 de julio 19 de 2023 - Consejo de Estado
Mediante esta sentencia el Consejo de Estado se pronunció en relación con el término “pagos individuales” de la norma de bancarización y anuló la doctrina de la Dian contenida en el Concepto 19439 de julio de 2018 con la cual se daba una equivocada interpretación al límite de pagos en efectivo.
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