Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Juan Francisco Espinoza, director de la UIAF, afirma que se debe reprimir y prevenir con mayor efectividad el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Se debe atacar el crimen organizado, estructuras delictivas y actores de la institucionalidad, para cerrarle el cerco a su asociación.
Juan Francisco Espinoza, director de la Unidad de Información y Análisis Financiera –UIAF–, participó los pasados 27 y 28 de julio, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en la XXXV reunión del Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica –Gafilat–, evento cuyo objetivo era mejorar el entendimiento regional de la amenaza derivada del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
“Para Colombia es muy importante participar en este tipo de espacios de retroalimentación que nos permitan reforzar las estrategias en contra del crimen organizado transnacional (…) La idea es aportar a la consolidación de un sistema regional que prevenga y reprima con mayor efectividad el lavado de activos y la financiación del terrorismo», afirmó el director de la UIAF .
El funcionario destaca la importancia de aunar esfuerzos internacionales ante las nuevas dinámicas de la convergencia criminal. “Tenemos que cerrarle el cerco a la asociación entre crimen organizado, estructuras delictivas, actores de la institucionalidad y grupos armados ilegales”. Igualmente, añade que estas redes criminales, vinculadas a un amplio portafolio de negocios ilícitos, tienen un objetivo común: “la subsistencia, el lucro y la consolidación de poder”.
En ese sentido, Espinoza recordó que “el delito no conoce fronteras y solo las acciones conjuntas de las naciones pueden enfrentar las dinámicas asociativas de las grandes organizaciones criminales”.
Al referirse al Gafilat, el director de la UIAF lo designa como una organización capaz de apoyar (a los 17 países de la región que lo conforman) en la coordinación e implementación de políticas antilavado de activos, contra la financiación del terrorismo y contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva; todo esto en cumplimiento de los estándares internacionales del GAFI.
“Es fundamental que existan organismos internacionales como el Gafilat, que promuevan iniciativas a favor de la seguridad financiera y que, a la vez, nos permitan autoevaluarnos, mejorar y dar respaldo a los proyectos que se generen en defensa de una región libre de lavado”, explicó Espinoza.
El sector bancario es uno de los más afectados por el fenómeno del lavado de activos, actividad que deja ganancias a las bandas criminales cercanas a los $10 billones. “Según cifras del Banco Mundial, los ingresos que reciben las bandas criminales en Colombia por este tipo de actividades son equivalentes al 1,3% del Producto Interno Bruto -PIB-”, destaca Espinoza.
Por lo anterior, “la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es una responsabilidad compartida que requiere de la coordinación entre el Gobierno, las entidades regulatorias, el sector real y el financiero”. Y es aquí donde cada país debe implementar políticas que desestimulen hechos de corrupción, tanto pública como privada.
Hace poco, el Fondo Monetario Internacional estuvo en Colombia revisando las acciones que se adelantan por parte de las autoridades nacionales. Espinoza aseguró que el jefe de la misión del ente, Antonio Hyman Bouchereau, destacó los avances que ha hecho el país desde la última evaluación realizada en el 2008 y agradeció a las entidades y personas que han hecho más fácil y provechoso el proceso.
Espinoza dijo también que Hyman Bouchereau advirtió que el proceso de evaluación seguirá adelante durante el segundo semestre de este año. “Todavía falta mucho camino por recorrer. Hay que tener en cuenta la información que el FMI se lleva, esperar las conclusiones y atender las respuestas por parte de nuestro país”, concluyó.
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