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Desde el punto de vista de la CEPAL, parte del problema de financiamiento de las políticas sociales se podría resolver, además de aumentar los niveles de tributación, mejorando la efectividad de la recaudación tributaria y configurando estructuras tributarias menos regresivas.
El 3 de octubre de 2019 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL– publicó su informe Nudos críticos del desarrollo social inclusivo en América Latina y el Caribe: Antecedentes para una agenda regional, en el cual se analiza la forma como la tributación afecta la inversión dentro de las políticas sociales de los países de la región.
“La región mantiene un rezago importante en cuanto a la disponibilidad de recursos destinados al gasto social, tanto en términos absolutos como en relación con los países de la OCDE y de la Unión Europea”, establece.
Por ejemplo, el promedio de gasto social de los países de la Unión Europea en 2016 alcanzó el 28,1 % del PIB, mientras que en América Latina esta cifra fue del 11,2 % del PIB.
La entidad indica que los países latinoamericanos que tienen mayores requerimientos en cuanto a la lucha contra la pobreza y necesidades de servicios para garantizar derechos sociales (en áreas como salud, educación, protección social y acceso a agua potable, electricidad y saneamiento) son los que cuentan con menores recursos, tanto en valores absolutos como proporción de su PIB.
Un elemento clave que determina la capacidad de los países para destinar recursos a las políticas sociales es su carga tributaria. En 2017 los ingresos tributarios totales en América Latina y el Caribe ascendieron al 22,8 % del PIB, comparado con el 34,2 % para los países miembros de la OCDE.Los datos indican que al menos parte del problema de financiamiento de las políticas sociales se podría resolver, además de aumentar los niveles de tributación, mejorando la efectividad de la recaudación tributaria y configurando estructuras tributarias menos regresivas.
«Este es un gran desafío para la región, considerando que el nivel de evasión y elusión fiscales en América Latina ascendió a un total del 6,3 % del PIB (un 2,3 % del PIB en el caso del IVA y un 4,0 % del PIB en el caso del impuesto sobre la renta), el equivalente a un total de 335.000 millones de dólares en 2017», puntualiza el informe.
La evasión fiscal equivale a más de cuatro veces la suma del gasto realizado en programas de transferencias condicionadas (0,37 % del PIB) y en pensiones no contributivas (0,65 % del PIB) en la región, así como en políticas de mercado de trabajo para favorecer la inclusión laboral y la protección del empleo (0,45 % del PIB) en seis países latinoamericanos, y es superior a la inversión realizada por los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe en lo referente al gasto social: educación (un 3,9 % del PIB en América Latina y un 4,1 % en el Caribe), salud (un 2,2 % y un 3,0 % del PIB, respectivamente), protección social (un 4,1 % y un 3,1 % del PIB, respectivamente), vivienda y servicios comunitarios (un 0,7 % y un 1,1 % del PIB, respectivamente) y protección del medio ambiente (un 0,1 % y un 0,0 % del PIB, respectivamente).
Si los países pudieran reducir una parte de este incumplimiento, esos ingresos adicionales podrían dar un importante empuje para lograr las metas sociales y económicas.
«Solo una movilización interna de recursos, a través de una mayor recaudación tributaria efectiva y más progresiva, una menor evasión y una mayor priorización de lo social permitirá lograr la anhelada sostenibilidad», opina la CEPAL.
Hasta ahora la región no ha dado los pasos necesarios para mejorar dicha movilización de recursos, por lo que es urgente establecer nuevos pactos sociales y fiscales.
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