Auditoría y Revisoría Fiscal

El CTCP precisa que el revisor fiscal de una copropiedad residencial puede ejercer como administrador de esta, una vez haya transcurrido un año contado a partir de la su renuncia como revisor fiscal de la misma.

El nombramiento del revisor fiscal por varios períodos es legal si se ajusta a los términos establecidos en el reglamento de propiedad horizontal; en caso de que no esté definido, por mandato legal su período será de un año, y podrá ser reelegido de forma indefinida.

El CTCP señala que es deber del revisor fiscal el dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 207 del Código de Comercio, ya que bajo su responsabilidad se encuentra la de realizar una auditoría integral que debe abarcar la auditoría financiera, de control interno, de cumplimiento y de gestión. En caso de que el revisor fiscal no cumpla con alguno de estos enfoques, los usuarios de la información pueden, de acuerdo con lo señalado en el artículo 45 de la Ley 43 de 1990, presentar la queja formal debidamente documentada ante el Tribunal de la Junta Central de Contadores, organismo encargado de ejercer inspección y vigilancia para garantizar que la contaduría pública se ejerza de conformidad con las normas legales, sancionando en los términos de la ley a quienes violen tales disposiciones.

El CTCP precisa que, de acuerdo con el parágrafo del artículo 207 del Código de Comercio, en los edificios de uso exclusivamente residencial, dado que no existe la obligación de tener revisor fiscal, el máximo órgano social tiene la libertad para definir sus funciones. Además, el revisor fiscal potestativo podría no tener la calidad de contador público, pero en este caso no podrá autorizar con su firma los estados financieros ni dictaminar sobre ellos. Resalta el CTCP que, en su criterio, la función de firmar y dictaminar los estados financieros de una copropiedad de carácter residencial, recae únicamente en el revisor fiscal quien debe ostentar obligatoriamente para dicho fin, la calidad de contador público con tarjeta profesional vigente; en el momento en que los estados financieros sean firmados por un profesional diferente al contador, dichos estados financieros carecen de cualquier validez ante terceros.

Dadas las obligaciones establecidas en la Ley 43 de 1990, el Código de Comercio y la Ley 222 de 1995, el revisor fiscal debe aplicar las técnicas de auditoría establecidas en la normatividad vigente, lo cual implica absoluto conocimiento y aplicación de las NIA.

Respecto a si el revisor fiscal de un conjunto residencial que entrega su cargo puede postularse como propietario de una de las unidades residenciales al Consejo de Administración, el CTCP señala que, de acuerdo con el artículo 48 de la Ley 43 de 1990, quien ejercía como revisor fiscal podrá postularse a dicho consejo una vez transcurrido un año a partir del momento en que se haga efectiva su renuncia como revisor fiscal de la copropiedad.

En cumplimiento del artículo 207 del Código de Comercio, es obligación del Revisor Fiscal firmar todos los estados financieros que sean emitidos por parte de la entidad que fiscaliza, y no solamente los de fin de periodo, y acompañarlos del correspondiente dictamen o informe.

Supersociedades. Los estados de fin de ejercicio deben ser sometidos a consideración del máximo órgano social en su debida oportunidad, por lo cual, la obligación de tener revisor fiscal en definitiva surge una vez sean aprobados los mismos.

El CTCP señala que si una sociedad a 31 de diciembre de 2016 no cumple con los topes establecidos en la norma para tener revisor fiscal, deberá contar con dicha figura hasta cuando se cumplan todos los compromisos correspondientes a la vigencia 2016, entre ellos, la declaración de renta y el dictamen de los estados financieros de dicho período. 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Nombramiento como Revisor fiscal de quien actualmente actúa como auditor interno de la entidad.

Se aclara que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública no emite ningún tipo de autorización para que las sociedades de contadores públicos puedan ejercer labores de auditoría. Sin embargo, aclara que la inscripción de este tipo de sociedades se debe realizar ante la Junta Central de Contadores tal como lo indica el Decreto 1510 de 1998.

El CTCP señala que la elección del consorcio del revisor fiscal como decano y miembro del Consejo Académico, organismo dedicado a funciones específicas del área de la docencia, no materializa inhabilidad para el revisor fiscal, por cuanto no se genera incidencia del decano en temas relacionados con la administración de los recursos de la Institución de educación superior.