El proyecto de ley 419 de 2024 tiene como objetivo establecer criterios para otorgar la pensión por discapacidad severa y definir otras disposiciones.
Ministerio de Hacienda decretó una serie de exenciones tributarias relacionadas con el impuesto sobre la renta y complementario de ganancias ocasionales, IVA y el gravamen a los movimientos financieros.
La Supersociedades estableció un período de transición hasta el 31 de mayo de 2025. La entidad orientará a los nuevos sujetos obligados para que puedan dar cumplimiento a esta directriz.
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública -CTCP- le da la bienvenida a Sandra Consuelo Muñoz Moreno como nueva consejera en representación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
La plenaria del Senado de la República aprobó en segundo debate el proyecto de reforma pensional presentado por el Gobierno Nacional.
Las dos entidades gubernamentales buscan un fortalecimiento para investigar situaciones de control y grupo empresarial, a través del RUB.
La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre los requisitos, pruebas y demás puntos del derecho a la estabilidad laboral reforzada por fuero de paternidad.
El Sistema Integrado de Apoyo al Control de Impuestos al Consumo busca simplificar los trámites relacionados con el monopolio de licores y el impuesto al consumo de licores, cigarrillos.
La Resolución 000045 de 2024 establece los precios promedio del carbón y los percentiles 65 y 75 para determinar la tarifa del impuesto sobre la renta del 2023. La Unidad de Planeación Minero Energética -UPME- publicó la Resolución 000045 de 2024, mediante la cual estableció los precios promedio del carbón y los percentiles 65 y […]
La Dian anunció que todos los inconvenientes presentados con algunos inscritos del Régimen Simple de Tributación a la hora de diligenciar el Formulario 260 han sido solucionados.
La Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Trabajo se pronunció sobre una consulta relacionada con el derecho de estabilidad ocupacional reforzada, concluyendo que esta se debe aplicar sin la necesidad de que exista una certificación de pérdida de fuerza laboral.
La Corte Constitucional analizó los cargos de inconstitucionalidad que se alegaban contra las disposiciones contenidas en los artículos 3, 42 y 44 de la Ley 2277 de 2022, manteniendo la posición que había adaptado sobre el tema y declarándose inhibida ante la novedad.
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