Por Clase

A través de la Resolución 000042 de mayo 5 de 2020, la Dian estableció nuevas disposiciones en torno a los sistemas de facturación, proveedores tecnológicos, registros de la factura electrónica, así como el nuevo calendario aplicable para su implementación. Lo anterior, acorde a las modificaciones realizadas por la Ley 2010 de 2019 y el Decreto 358 de 2020.

Así, dicha resolución establece las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos para la generación, trasmisión, validación, expedición y entrega de la facturación electrónica al adquiriente. Además de señalar que la factura electrónica con validación previa y los demás sistemas de facturación vigentes son considerados como soportes de las ventas y/o prestación de servicios y, por tanto, son procedentes para la solicitud de costos, deducciones e impuestos descontables.

A través del Concepto 513 de mayo 4 de 2020, la Dian se pronunció respecto a la aplicación del impuesto solidario por el COVID-19 cuando se trate de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión pública.

Así, la Dian señala que, cuando una persona natural esté vinculada mediante 2 o más contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión pública, se deberá tener en cuenta la totalidad de los pagos o abonos en cuenta para efectos de determinar la sujeción pasiva, el hecho generador, la base gravable y la tarifa.

Ahora bien, respecto a la base gravable, solamente se podrá detraer el primer $1.800.000 sobre la totalidad de los pagos o abonos en cuenta, mensuales periódicos, a favor de la persona natural, sin considerar si dichos pagos o abonos en cuenta se originan en uno o varios contratos. Es decir que no es posible detraer $1.800.000 por cada contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión pública.

La Superfinanciera certifica que el interés bancario corriente para el período comprendido entre el 1 y el 31 de abril de 2020 en la modalidad de crédito de consumo y ordinario será del 18,19 % EA, siendo la tasa de usura para el mismo período de 27,29 %.

A través del Decreto 611 de 2020, el Departamento Administrativo de la Función Pública autoriza el pago de horas extra, dominicales y festivos para los empleados públicos de los niveles profesional, técnico y asistencial del Instituto Nacional de Salud, cualquiera sea su remuneración salarial y durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social, esto es, hasta el 30 de mayo de este año.

Mediante la Resolución 000038 de abril 30 de 2020, la Dian implementó la notificación electrónica prevista en los artículos 563, 564, 565 y 566-1 del Estatuto Tributario –ET–.

Así pues, esta forma de notificación se surte cuando la Dian pone en conocimiento de los contribuyentes, a través del correo electrónico reportado el RUT, los actos administrativos en materia tributaria, aduanera o cambiaria. Lo anterior, en atención a las modificaciones efectuadas por la Ley 2010 de 2019 al artículo 566-1 del ET.

A través del Decreto 607 de abril 29 de 2020, el Ministerio de Salud corrigió errores formales en el Decreto Legislativo 538 de 2020, mediante el cual se adoptaron medidas en el sector salud para contener y mitigar la pandemia del COVID-19 y garantizar la prestación de los servicios de salud, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica.

En este sentido, el artículo 1 del decreto en cuestión corrigió el yerro contenido en el artículo 7 del Decreto Legislativo 538 de 2020 para hacer referencia expresa al Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud –Fonsaet–.

A través del Concepto 485 de 2020, la Dian se pronunció frente a los aspectos relativos a la exención transitoria del IVA para los bienes e insumos médicos consagrados en el Decreto Legislativo 551 de abril 15 de 2020.

Así pues, en dicho concepto, la Dian especifica que los bienes exentos señalados en el artículo 1 del Decreto Legislativo 551 de 2020 no se determinan con base en las partidas arancelarias y son descritos de manera genérica. En consecuencia, los bienes que se encuentran comprendidos dentro de las descripciones genéricas consagradas en el artículo 1 del decreto en cuestión quedarán amparados con la exención señalada en dicha disposición normativa. Por ejemplo, los bienes que califiquen dentro de la categoría de desinfectantes, jabones y soluciones antibacteriales se encontrarán cubiertos por la exención prevista en dicha norma.

A través de la Resolución 686 de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social modifica la planilla integrada de liquidación de aportes –Pila– para efectos de realizar el aporte al sistema de pensiones sobre el 3 % del ingreso base de cotización –IBC–.

Esta medida tiene como finalidad ser un alivio para las empresas por la afectación económica que haya podido traer consigo el estado de emergencia a causa del COVID-19.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– explica que las copropiedades de uso residencial, por virtud del artículo 56 de la Ley 675 de 2001, no están obligadas a tener revisor fiscal. No obstante, en caso de que decidan tenerlo de forma voluntaria, este deberá ser un contador público.

La Ley 43 de 1990 también ratifica este requerimiento en sus artículos 2 y 13, al señalar que, para ejercer las actividades relacionadas con la ciencia contable, entre las cuales se encuentra la revisoría fiscal, es necesario tener la calidad de contador público.

A través del Decreto 598 de abril 26 de 2020, el Ministerio de Hacienda reglamentó los artículos 894 al 898 del Estatuto Tributario relacionados con el régimen de las compañías holding colombianas –CHC–, creado mediante el artículo 77 de la Ley de crecimiento económico 2010 de 2019.

Así pues, con el decreto en cuestión se definieron los requisitos y documentación necesaria para acceder a este régimen, así como las demás disposiciones que deberán tenerse en cuenta al momento de tributar bajo el mismo.

A través de la Resolución 0498 de 2020, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo determinó los subsectores de la economía y sus cadenas a los cuales se les permite el derecho de circulación; es decir, pueden retomar el inicio de sus actividades laborales.

Entre dichos sectores se encuentran la fabricación de productos textiles, confección de prendas de vestir, fabricación de papel y cartón y la fabricación de productos elaborados de metal.

A través de la Resolución 000666 de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social determinó el protocolo de bioseguridad que deberán seguir, entre otros, las empresas del sector público y privado, aprendices, cooperados de cooperativas y contratantes para evitar la propagación del COVID-19.

Estas medidas deberán ser adoptadas con la asesoría de las administradoras de riesgos laborales –ARL– según las necesidades particulares de cada sector productivo.