Por Clase

Supersociedades publicó la Circular Externa 100-000008 de 2020, por medio de la cual modifica por tercera vez el calendario para la presentación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2019, como resultado de las medidas tomadas para prevenir y contener el COVID-19. Además, amplía los plazos para el envío del informe de prácticas empresariales.

De esta forma, la presentación de estados financieros se iniciará desde el miércoles 14 de mayo hasta el miércoles 10 de junio, de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT de la empresa sin el número de verificación.

A través de la Circular 0034 de 2020, el Ministerio del Trabajo determinó que la vigencia de lo dispuesto en los decretos 488 y 500 de 2020 queda sujeta a la del estado de emergencia sanitaria decretado por el Ministerio de Salud y Protección Social; esto es, hasta el 30 de mayo de este año.

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– fue consultado acerca de la posibilidad de que una empresa que suspendió sus actividades productivas a raíz de la emergencia sanitaria causada por el nuevo coronavirus (COVID-19) pueda detener temporalmente la depreciación de sus activos.

Para responder dicha inquietud, el CTCP explicó que, de acuerdo con los requerimientos de la NIC 16 (párrafos 52 y 55) y la sección 17 del Estándar para Pymes (sección 20), las entidades siempre deben contabilizar su depreciación, “incluso si el valor razonable del activo excede su importe en libros, incluso si el activo se encuentra en mantenimiento, o incluso cuando el activo esté sin utilizar”.

Por consiguiente, si una entidad no utiliza un método de depreciación basado en el uso, deberá estimar el importe de depreciación conforme al método que haya establecido.

A través de la Resolución 000035 de abril 22 de 2020, la Dian prescribió el formulario 2593 para la presentación de los anticipos bimestrales del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación correspondiente a los bimestres del año gravable 2020 y siguientes.

Esta resolución señala que los contribuyentes obligados a presentar el recibo electrónico de pago deberán hacerlo a través de los servicios informáticos, utilizando el instrumento de firma electrónica autorizado por la Dian.

Mediante el Concepto 418 de abril 22 de 2020, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– se pronunció para señalar que las únicas circunstancias en las que puede cesar la depreciación del activo se presentan cuando el importe en libros de la propiedad, planta y equipo es igual o inferior a su valor residual, cuando se encuentre depreciado en su totalidad o cuando se utilice un método de depreciación en función del uso, por ejemplo, el de unidades producidas. Según lo anterior, la depreciación no debe suspenderse por el hecho de que el activo no se esté utilizando a causa de la pandemia.

A través del Concepto 469 de abril 22 de 2020, la Dian se pronunció con respecto a la aplicación del impuesto solidario por el COVID-19, creado mediante el Decreto Legislativo 568 de 2020.
Así pues, la Dian señala que el hecho generador del impuesto solidario lo constituye el pago de salarios, honorarios y pensiones mensuales periódicos de 10 millones de pesos o más, para lo cual debe considerarse que dentro del concepto de salario están comprendidos la asignación básica, gastos de representación, primas o bonificaciones o cualquier otro beneficio que reciben los servidores públicos como contribución directa por el servicio prestado. Sin embargo, no están comprendidos dentro del concepto de salario las prestaciones sociales ni los beneficios salariales que se perciben semestral o anualmente.

A través de la Circular Externa 000006 de abril 18 de 2020, la Dian realizó ciertas precisiones a las instrucciones inicialmente previstas en la Circular 000005 y el Decreto 535 de 2020, respecto a la procedencia de la devolución abreviada de saldos a favor en renta e IVA.
Además, en dicha circular se definieron facilidades para empresas constructoras de viviendas de interés social y prioritario, diplomáticos, organismos internacionales, solicitantes sin firma electrónica e instituciones oficiales de educación superior, para la presentación de la solicitud de devolución, entre otros.

A través de la Circular 0033 de 2020, el Ministerio del Trabajo determinó los mecanismos adicionales a los previstos en la Circular 021 de 2020 para que los empleadores puedan proteger el empleo.

Entre dichos mecanismos se encuentran el otorgamiento de licencias remuneradas compensables, modificación de la jornada laboral, concertación del salario conforme lo establece el artículo 158 del Código Sustantivo del Trabajo, la modificación o suspensión de beneficios extralegales y la concertación de beneficios convencionales.

A través del Decreto 582 de 2020, el Ministerio del Trabajo implementó medidas para la protección de los derechos de los pensionados, los beneficiarios de los beneficios económicos y periódicos –BEPS– y los beneficiarios del programa de subsidio al aporte en pensión –PSAP–, con ocasión del COVID-19.

Entre dichas medidas se encuentran la modificación temporal y parcial del artículo 2.2.14.1.24 del Decreto 1833 de 2016, en el sentido en que los afiliados al programa PSAP no perderán su condición de beneficiarios por la causal establecida en el numeral 4 del mencionado artículo.

A través de la Circular Externa 000005 de abril 16 de 2020, la Dian se pronunció frente a las instrucciones para la procedencia de la devolución abreviada de saldos a favor en renta e IVA previstas el Decreto 535 de 2020.

Además, dicha circular establece que para facilitar la presentación de las solicitudes de devolución por los conceptos de IVA pagado de constructores de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, IVA pagado de instituciones oficiales de educación superior, IVA e Impuesto Nacional al Consumo pagado por diplomáticos, embajadas y organismos internacionales, pagos en exceso y de lo no debido tributarios y aduaneros, saldos a favor del Impuesto sobre las ventas y del impuesto sobre la renta de solicitantes que no cuentan con firma electrónica, se crearon buzones electrónicos especiales, a los cuales se deben remitir las solicitudes de devolución y/o compensación desde el correo electrónico registrado en el RUT del solicitante.

A través del Decreto Legislativo 565 de 2020, el Ministerio del Trabajo determinó que durante la vigencia fiscal de 2020, las contingencias derivadas de los desbalances financieros que se generen cuando el valor presente actuarial de la reserva matemática de las anualidades vitalicias, derivadas del mecanismo de los beneficios económicos periódicos –BEPS–, supere el valor del portafolio a precios de mercado, se pagarán con los recursos del presupuesto asignado al servicio social complementario de los BEPS, previo concepto favorable de la Comisión Intersectorial de Pensiones y Beneficios Económicos.

A través del Decreto Ley 568 de 2020, el Ministerio de Hacienda creó, a partir del 1 de mayo y hasta el 31 de julio de 2020, el impuesto solidario por el COVID-19, el cual tendrá destinación específica para la inversión social en la clase media vulnerable y en los trabajadores informales.

Este impuesto estará a cargo de servidores públicos y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios con salarios mensuales periódicos y honorarios mensuales iguales o superiores a $10.000.000; así como también, los pensionados con mesadas pensionales de las megapensiones ($10.000.000).

La causación del impuesto solidario por el COVID-19 es de carácter instantáneo y se causa al momento del pago o abono en cuenta de los salarios, honorarios o megapensiones mensuales periódicas.

La base gravable de este impuesto se encuentra integrada por el valor del pago o abono en cuenta de $10.000.000 de los sujetos pasivos. Cabe señalar que el primer $1.800.000 del pago no integrará la base gravable del impuesto solidario.